ONG obtienen el compromiso del Gobierno para examinar el caso de los bangladeshíes acampados en Ceuta

Actualizado 22/10/2007 17:21:55 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español se ha comprometido a "estudiar de forma individual" los casos de los 37 ciudadadanos bangladeshíes que permanecen refugiados "en situación de emergencia humanitaria" en un campamento clandestino levantado desde el pasado agosto en los montes de Ceuta para evitar su deportación, según informaron hoy delegadas de varios grupos políticos y sociales tras la reunión mantenida el pasado viernes con el director del gabinete del Ministerio del Interior, Gregorio Martínez Garrido, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Más de 30 asociaciones, estructuradas en torno a la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino (FC), solicitaron al Gobierno español que se suspenda la orden de deportación contra estos ciudadanos por motivos humanitarios, al tiempo que lamentaron que los 37 inmigrantes se hayan convertido en "una moneda de cambio" a expensas de "negociaciones políticas entre ambos Gobiernos", según Débora Ávila, representante de FC. Para conseguirlo, España "juega con la posibilidad de abrir, a cambio de un acuerdo de deportación, una embajada en Bangladesh" y "eso están negociando".

Con todo, los colectivos sociales valoraron el encuentro con el Gobierno de una forma "positiva" y agradecieron la "voluntad" mostrada por el Ministerio del Interior a la hora de mostrar su interés por el estado de salud de los inmigrantes y por atender la petición de encuentro, respaldada por más de 4.000 firmas entregadas el pasado 24 de diciembre solicitando el encuentro, aunque el Gobierno no descarta la posibilidad de que sean finalmente deportados.

LIMBO JURÍDICO

Los 37 bangladeshíes escaparon del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en Ceuta, y llevan viviendo desde hace casi tres meses en tiendas de campaña improvisadas por temor a una deportación inminente, sobre todo, tras una visita previa realizada a las instalaciones por el cónsul de Bangladesh en España. Así, todos ellos se encuentran, de momento, en un "limbo jurídico" a la espera de que España y Bangladesh firmen un acuerdo bilateral de deportación.

El problema es que la reintegración en su país natal es prácticamente imposible, ya que muchos de ellos pertenecen a grupos políticos perseguidos por el Gobierno, y Bangladesh es además un país "donde cuestiones de honor y honra impiden a los inmigrantes repatriados volver con sus familias, porque la sociedad considera que han fracasado vitalmente", según Ávila.

Para demostrar la situación de inseguridad en el país asiático, los delegados de los diversos grupos sociales entregaron a Martínez Garrido una copia de la resolución del Parlamento Europeo del 14 de abril de 2005 en el que se habla de "detenciones, torturas, corrupción y nepotismo, y desde entonces no ha mejorado", lamentó Teresa Sánchez, representante del área de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Los inmigrantes pertenecen en su mayoría a la liga Awami y a sus escisiones. Bangladesh, una democracia parlamentaria desde 1991, está dirigido por un Gobierno interino respaldado por los militares. La actual administración llegó al poder en enero, después de que el presidente Iajuddin Ahmed, declarase el estado de emergencia, tras semanas de protestas violentas exigiendo reformas electorales.

El Gobierno se ha comprometido a acabar con la corrupción, reformar la ley electoral y eliminar las facciones políticas violentas antes de las próximas elecciones, que previsiblemente se celebrarán a finales del año que viene.

Ante esta situación, 23 de los bangladeshíes solcitaron asilo político, pero se les ha denegado "de forma sistemática", de acuerdo con la representante social, aunque es un proceso "habitual". Desde su llegada a España en 2005, los inmigrantes permanecen pendientes del cierre de un acuerdo bilateral de deportación entre España y Bangladesh, y en estos momentos se hallan "en una situación de limbo jurídico", en la que "ni se ha aplicado con rigor la Ley de Extranjería, ni tienen posibilidad de integración o de acogerse a la legislación o regularización vigentes", según Ferrocarril Clandestino.

Por ello, los representantes de esta campaña "No a la Deportación" han solicitado al Gobierno la suspensión de la orden de deportación que pesa sobre estos ciudadanos, basándose en el artículo 45 de la Ley 14/2000 para que los bangladeshíes puedan ser trasladados a la península por motivos humanitarios.

CONDICIONES INFRAHUMANAS

Los inmigrantes, todos ellos varones cuya edad oscila entre los 23 y los 32 años, viven gracias al agua y la comida que les prestan algunos de los vecinos, y algunos de ellos han conseguido trabajos remunerados en establecimientos comerciales cercanos. Sin embargo, su estado físico es precario y su situación, anímica

Según certificados médicos recogidos por CONFER, muchos de estos inmigrantes sufren de "síndrome ansioso secundario, diabetes mal controlada, y síntomas de insuficiencia cardíaca, mareos, dolores musculares y polidipsia -- aumento exagerado de la sed --".

Los 37 inmigrantes sólo comen una vez al día, generalmente arroz. Algunos de ellos desempeñan trabajos remunerados para cubrir necesidades básicas y para recargar sus móviles, y duermen en grupos pequeños y montan turnos de vigilancia para evitar ser apresados por la Policía.

Se encuentran además en un entorno peligroso, con serpientes, perros salvajes y manadas de jabalíes, otro elemento "preocupante", según la representante de CONFER, que destacó sobre todo que todos "se encuentran muy cansados, bajo una fuerte situación de tensión y ansiedad".

CRITICAS Y PERSECUCIONES

Según la diputada de IU Monserrat Muñoz, los 37 inmigrantes son "rehenes" de un acuerdo bilateral bloqueado y por el que han excedido con mucho su tiempo de permanencia estipulado en el centro. "No pueden pasarse dos años en un centro de internamiento, cuyo plazo máximo de estancia es de cuatro meses, sin ninguna garantía. Es realmente preocupante y alarmante que se pueda tener a 37 ciudadanos durante dos años y medio sin perspectiva", lamentó.

"No es razonable que estos 37 ciudadanos sean rehenes de esta situación, porque un Gobierno democrático no debe hacer pagar a las víctimas su incapacidad", explicó la diputada, al tiempo que afirmó que su grupo preguntará al Gobierno sobre la serie de medidas que se adoptarán para resolver la situación entre los ciudadanos.

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