Amaiur exhibe una imagen de Galindo mientras dice que le da "arcadas la Justicia que da guante de seda al GAL y 'Parot' a presos vascos"
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de la oposición han coincidido en que el proyecto del Código Penal "se queda corto" en la penalización de los actos de apología del franquismo y han preguntado por qué la Fiscalía no actúa ante partidos que incitan al odio o la violencia.
Representantes del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y Amaiur han reclamado que la nueva norma penal profundice el castigo a la apología del franquismo durante una moción promovida por CiU para equiparar la dictadura española con el nazismo y tipificar su exhibición o justificación.
UPN y UPyD también han presentado enmiendas para enviar un "mensaje rotundo" a favor de la democracia y que el Código Penal tenga instrumentos para perseguir también a los herederos de Batasuna que muestran su solidaridad con los terroristas y fomentan el odio.
La sesión ha servido también para sacar al debate la investigación abierta en Argentina por las desapariciones del franquismo y la libertad condicional concedida recientemente al ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo.
De este modo, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha aprovechado su intervención para condenar la medida otorgada a Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y "enterramiento en cal viva" de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. "Tenemos guante de seda para el GAL y 'doctrina Parot' para los presos vascos. Esta justicia nos da arcadas", ha reprobado.
El parlamentario de la formación vasca ha hecho su alocución sosteniendo un cartel con la fotografía de un Galindo uniformado entre dos instantáneas de Lasa y Zabala. Tras denunciar la existencia de una "Justicia injusta", ha mencionado que Argentina ha imputado a ex ministros franquistas como Martín Villa o José Utrera Molina, "muy conocido por Gallardón".
"Tras el nazismo, el franquismo es el más genocida y represor del último siglo --ha afirmado Cuadra-- Pensamos que hacer apología de Franco es algo totalmente equivalente a hacer apología de crímenes de lesa humanidad".
CRECIENTE MOVIMIENTO
La moción discutida en el Pleno del Senado ha sido impulsada por CiU como consecuencia del "creciente" movimiento que exhibe la simbología "totalitaria", sin una respuesta penal adecuada y ante lo cual "no se puede mirar hacia otro lado". Los nacionalistas catalanes han avanzado su intención de pactar con la oposición un texto transaccional, que será sometido mañana a votación.
El diputado catalán Jordi Jané ha puesto como ejemplo la legislación italiana o alemana donde se proscribe el saludo fascista de Mussolini o se pena con hasta cinco años de cárcel la justificación pública de los actos cometidos en nombre del nacionalsocialismo con riesgo de alteración del orden público.
Jané, que ha llamado a alcanzar un amplio acuerdo en torno a este asunto, ha reclamado que se incluya como agravante la discriminación por el "origen territorial" de la víctima para perseguir actos de "catalanofobia" como los vividos en Blanquerna, o por la "situación de las personas sin hogar". "Tenemos que tener ese plus de protección", ha remachado.
En la misma línea se ha expresado el diputado de ERC Alfred Bosch, para quien el régimen de Hitler y el de Franco son "primos hermanos" y el término nazi es el "peor insulto" que puede existir. Tras recordar el fusilamiento de Lluís Companys, ha destacado que su grupo tiene "motivos históricos" para apoyar esta iniciativa.
Desde UPN, el diputado Carlos Salvador ha defendido las enmiendas de su grupo dirigidas a extender el castigo a los herederos de Batasuna que "siguen jaleando a los asesinos, banalizando la historia criminal y ensalzando a ETA", organización que sigue activa y supone el mayor enemigo de la democracia.
Los foralistas piden así en sus enmiendas una tipificación penal para las "personas y organizaciones que justifiquen el terrorismo, muestren su solidaridad con los terroristas y les exalten, nieguen el daño causado por el terrorismo y fomenten, promuevan o sustenten ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento del odio".
La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha advertido de que estas cuestiones "no son nuevas" y ha instado a erradicar definitivamente conductas como el homenaje a Jaume Martínez Vendrell, asesino del industrial José María Bultó, que realizó el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló poniéndole su nombre a una calle.
La formación magenta propone castigar toda conducta de "apología del fascismo, el totalitarismo o el terrorismo" y solicita que cuando un partido vulnere reiteradamente la Ley de Partidos o el Código Penal sea automáticamente objeto de un proceso de ilegalización promovido por la Fiscalía General del Estado.
INACCIÓN DE LA FISCALÍA
Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha llamado la atención sobre el auge de la extrema derecha y ha exigido actuar contra Alianza Nacional, formación que predica el "odio racial" y el "exterminio" en sus estatutos, se define como paramilitar y cuyo candidato por Madrid ha sido condenado por asesinato. "¿Qué nos está pasando, pasaría con otro tipo de terrorismo o yihadismo?", se ha preguntado.
Llamazares ha reprobado que el líder de Alianza Nacional, quien se mostró partidario de "ejecutar al Rey, al Príncipe y a todos los miembros de la clase política", no haya sido acusado por la Fiscalía y ha añadido que el "asalto" a Blanquerna, sede cultural de la Generalitat, no fue accidental sino algo milimétricamente programado.
Desde el PNV, Emilio Olabarria también ha preguntado a qué espera la Fiscalía General del Estado para actuar contra partidos "antisemitas y antisemitas" que exaltan la violencia y conculcan el artículo 510 del actual Código Penal.
El diputado Carlos Corcuera, del PSC, ha subrayado que el proyecto del Código Penal de Gallardón "se queda corto" en la apología del franquismo y del nazismo", mientras que ha advertido de que la ultraderecha encuentra "terreno abonado" en España.
La diputada del PP María Teresa Angulo ha reprochado la "permisividad" del Gobierno socialista ante la directiva europea que le imponía regular los delitos del odio. Por contra, ha defendido que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha impulsado la respuesta "más avanzada" de Europa al tipificar todas las conductas de incitación al odio. "Eso es rigurosidad, lo otro oportunismo político", ha remachado.
