MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos de la oposición han afeado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que modifique la aplicación de las tasas judiciales mediante un Decreto Ley que impide la discusión de este asunto en profundidad. Han coincidido en que, pese a la "rectificación" proyectada por su departamento, la norma sigue impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva de una gran parte de la ciudadanía.
Durante el Pleno del Congreso de discutía, concretamente, la convalidación del Decreto Ley que reforma la Ley de Tasas Judiciales, vigente el pasado diciembre, que según el Ministerio supondrá una reducción del 80 por ciento el tramo variable de las tarifas para las personas físicas y adelantará las exenciones previstas en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita a determinados colectivos, como las mujeres maltratadas, menores y discapacitados.
Especialmente incisivo ha sido el diputado del PSOE Antonio Camacho, que ha defendido que esta "rectificación" del proyecto inicial de la Ley de Tasas haya provocado que durante los tres meses en los que la norma inicial ha estado en vigor se hayan vulnerado los derechos fundamentales de muchos ciudadanos.
Durante su intervención en el hemiciclo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que esta norma permitirá que colectivos "especialmente protegidos" puedan disfrutar ya de los beneficios previstos en el citado Anteproyecto, como son todas las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, accidentes graves o menores y discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato.
SE DEJARÁ DE RECAUDAR UN 5 POR CIENTO
En este aspecto, Ruiz-Gallardón ha reconocido que el Real Decreto servirá para "corregir" aquellos aspectos en los que individualmente y con la vigente ley, puede considerarse que dificultan acceso a la tutela judicial efectiva". Ha añadido que los cambios únicamente supondrán una merma del cinco por ciento sobre la cantidad que se preveía cobrar en concepto de tasas en la norma original.
Durante su intervención, el diputado del PSOE Antonio Camacho ha señalado que el Decreto ley "sólo puede ser entendido como una rectificación" de lo que el ministro trajo a esta Cámara hace apenas tres meses "como una norma magnífica", y le ha pedido que los cambios se tramiten como Ley para poder dar a la oposición la oportunidad de debatir ideas.
El diputado socialista ha añadido que la necesidad del Decreto Ley deriva "de la incompetencia del Gobierno a la hora de legislar" y que el Ministerio intenta venden una reducción de las tasas en un 80 por ciento que no es tal, porque únicamente se refiere a los tramos fijos de las tasas. Le ha afeado también que se in La reducción total se verá reducido un 5 por ciento esa es la muestra
Ha criticado que igualmente que, pese a la reforma, se sigan manteniendo las tasas en la jurisdicción social obviando las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y que se mantienen situaciones como que las grandes multinacionales no paguen tasas para demandas de menos de 2.000 euros. "No se trata de distinguir entre personas físicas o personas jurídicas, sino entre que aquellos que pueden acudir a la Administración de Justicia y los que no", ha indicado.
Camacho ha concluido que "ninguna crisis económica permite afectar de esta forma a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los ciudadanos" y ha recordado que "equivocarse es de humanos pero insistir es de necios", para subrayar que la norma debería tramitarse como ley para no asistir dentro de tres meses "para evitar efectos indeseados en los ciudadanos"
OPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
El resto de diputados de la oposición han incidido en el mismo sentido que Camacho y así, Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, ha recordado que, desde que entró en vigor la Ley de Tasas, han descendido un 20 por ciento las demandas civiles y más en lo contencioso y han crecido las de justicia gratuita", por lo que recela de sus beneficios para la Hacienda Pública.
El también diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví ha reprochado a Ruiz-Gallardón que esté "más preocupado del control político" de la justicia que de asegurar este servicio público, mientras que el diputado del PNV Emilio Olabarría ha puesto el acento en la "inconstitucionalidad" de la Ley de Tasas que "va a colocar a millones de justiciables en una posición de imposible acceso" a la Justicia dada "la dimensión de la contraprestación económica exigida".
Olabarría también ha denunciado, coincidiendo con el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares, la "perversión de las normas tributarias" que supone que lo recaudado por el pago de una tasa se aplique a la financiación de un servicio público, que debería ser sufragado por los impuestos.
Llamazares le ha señalado también a Ruiz-Galladón que pese a que pretenda presentarse como "el gran reformador" no es más que "un representante del oportunismo político que se aprovecha de una crisis económica para desmantelar los servicios públicos".
Por su parte, la diputada de UPyD Rosa Díez ha recordado a Ruiz-Gallardón su gran capacidad para concitar unanimidades en contra y ha criticado el "secretismo" de la reforma. A juicio de este grupo, los cambios auspiciados por la reforma son manifiestamente insuficientes.
La reforma vía Decreto Ley también merece el voto en contra del CiU, cuya diputada María Mercé Pigem ha recordado durante el debate que el "tema nuclear" del asunto de las tasas es su afectación a las clases medias. Ha añadido que, tras consultar a los denominados "operadores jurídicos", ha podido constatar que pese a la rebaja las tasas siguen siendo un obstáculo importante.
Finalmente, la diputada del PP Beatriz Marta Escudero ha defendido la reforma y la ley de tasas en general porque hay personas que nunca han acudido a un tribunal de justicia mientras que otras hacen un uso frecuente de este servicio. "¿Es justo que entre todos se pague un servicio del que sólo se van a beneficiar unos cuantos? Estamos en crisis y hay que buscar recursos para buscar la sostenibilidad del sistema", ha añadido, para después subrayar que "nadie se va a quedar sin poder acudir a la Justicia.
"APUESTA POR LA SOLIDARIDAD"
Por su parte, el ministro ha defendido que la reforma supone una "apuesta por la solidaridad" que lleva a la justicia "más lejos de lo inicialmente previsto" y ha aclarado, durante el turno de réplica, que los trabajadores en la jurisdicción social no pagarán tasas "en ninguna instancia"
Finalmente, ha indicado que le llama la atención que una gran parte de los intervinientes en este debate haya citado como fuente de sus consideraciones a los operadores jurídicos si bien el Ejecutivo del que forma parte "no gobierna para colectivos, sino para los ciudadanos".
"Si se ratifica el decreto, las víctimas de terrorismo, menores y discapacitados estarán exentos de tasas y de cualquier coste de la administración de justicia", pues el abogado y el procurador constituyen el ochenta por ciento del coste del proceso
"Si las tasas son 20 por ciento y los costes de abogado y procurador el 80 por ciento, ¿Por qué el 20 les preocupa tanto y no se acordaron durante ocho años del 80 por ciento que tenían que pagar las victimas de violencia de género, del terrorismo, menores o discapacitados?", ha indicado en respuesta al diputado socialista.
