Entrará en vigor en seis meses aunque la parte de "publicidad activa" lo hará un año
BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este jueves la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el apoyo de CiU, ERC, PSC y PP, la abstención de ICV-EUiA y C's y el rechazao de la CUP.
Entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), aunque en materia de "publicidad activa" se alarga el plazo hasta un año.
Poco después de la aprobación de la Ley de transparencia del Congreso, la Cámara catalana ha tirado adelante la suya tras dos años de trabajo, dado que se iniciaron ya en la anterior legislatura.
El diputado de CiU Lluís Corominas ha explicado que la norma, elaborada en ponencia conjunta, pretende regular y garantizar la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso de las personas a la información pública, establecer los principios y obligaciones de buen gobierno de altos cargos y personal al servicio de la administración, y fomentar la participación y colaboración ciudadana.
La ley establece que el Govern aprobará un plan estratégico para adaptar la administración general de la Generalitat a esta norma, lo mismo que el Parlament, aunque tendrá un ámbito propio de legislación porque dispone de "plena autonomía e independencia".
También se introduce el 'silencio positivo' --novedad en toda España--, lo que obliga a las instituciones a responder las peticiones de información en un mes, y prevé crear la Comisión del Derecho al Acceso a la Información --que integrarán de tres a cinco miembros designados por el Parlament-- para evitar que el ciudadano recurra al contencioso-administrativo para acceder a datos que no obtenga.
REGISTRO DE LOBBIES Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
Además, habrá un registro único de lobbies y grupos de interés para regular y "normalizar" su relación con la administración, que deberán seguir un código de conducta para evitar ser sancionados.
También habrá un portal de transparencia, en el que todos los que tengan relación con la administración pública y accedan a recursos públicos tendrán la obligación de volcar los datos, y se podrá acceder así al registro de contratos y de convenios suscritos por la Generalitat.
SINDICATURA DE CUENTAS Y DE GREUGES
Las empresas privadas con concesiones de servicios públicos básicos también estarán obligadas a cumplir esta ley, que prevé un sistema de garantías y reclamaciones, así como un régimen sancionador que incluye multas de hasta 12.000 euros y la destitución de altos cargos por infracciones muy graves.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentará anualmente un informe general sobre el cumplimiento de la norma, que velará por ella junto con la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
SE QUEDA "CORTA"
Aunque gran parte de los grupos consideran que la aprobación llega tarde, han celebrado que llegue, para trasladar a la sociedad el mensaje de que están comprometidos con la transparencia y el buen gobierno en la actividad pública.
Sin embargo, ERC y PSC creen que se ha quedado "corta" y es poco ambiciosa en algunos aspectos, mientras que el PP ha ensalzado la ley estatal.
ICV-EUiA, C's y la CUP se han mostrado más críticos, al apuntar que no se garantiza conocer la trazabilidad del dinero público, y no ven en el Govern de CiU voluntad política por la transparencia, aunque trabajarán por su desarrollo.
Para dejar claro que cuestionan la voluntad de la norma de trabajar por la transparencia, los ecosocialistas y la CUP han votado en contra del capítulo relativo al capítulo II de transparencia, y C's se ha abstenido.
