El Parlamento vasco continúa con la tramitación de la ley de víctimas policiales pese al rechazo de PP y UPyD

 

El Parlamento vasco continúa con la tramitación de la ley de víctimas policiales pese al rechazo de PP y UPyD

Publicado 08/07/2016 11:44:30CET

PNV, EH Bildu y PSE votan en contra de las enmiendas de totalidad de ambos grupos

VITORIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de víctimas de abusos policiales seguirá su tramitación en el Parlamento vasco tras el rechazo del PNV, EH Bildu y el PSE-EE a las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y UPyD contra este texto, cuya votación definitiva se celebrará a finales de mes.

El pleno del Parlamento autonómico ha debatido este jueves las enmiendas de totalidad presentadas por los 'populares' y UPyD al proyecto de ley, que ha sido defendido por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Desde el PP y UPyD se ha cuestionado la seguridad jurídica del texto, así como el procedimiento empleado para su tramitación en la Cámara durante el mes de julio. El parlamentario 'popular' Carmelo Barrio, además, han expresado sus dudas sobre la "legalidad" de la ley, mientras que el representante de UPyD, Gorka Maneiro, ha criticado que se pretenda "mezclar" a unas y otras víctimas.

Estos argumentos han sido rechazados por los parlamentarios Iñigo Iturrate (PNV) y Julen Arzuaga (EH Bildu), que consideran que el verdadero motivo del PP y UPyD para solicitar la devolución del texto es su falta de "voluntad política" para reconocer a las víctimas de abusos policiales.

El representante del PSE-EE Patxi Elola ha compartido "muchos de los argumentos" de 'populares' y UPyD, pero se ha mostrado partidario de seguir adelante con la tramitación del texto, por considerar que una ley de estas características "es necesaria".

El lehendakari, por su parte, ha defendido el proyecto de ley, ya que piensa que atender a este colectivo de damnificados, "que existen y no están reconocidos", resulta un "imperativo ético y democrático". Urkullu ha afirmado que la ley no vulnera la Constitución, algo que ha sido cuestionado por el Gobierno central, y ha rechazado que su aprobación "equipare" unas y otras violencias.

Tras el rechazo de las enmiendas de totalidad de PP y UPyD, el Parlamento seguirá adelante con la tramitación de este 'Proyecto de Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita entre 1978 y 1999', que incluye a los damnificados por excesos de las fuerzas policiales. La votación definitiva del texto se producirá en un pleno previsto para finales de mes.

CONTENIDO

Este texto sigue las pautas generales de un decreto aprobado en 2012 por el Ejecutivo vasco del PSE-EE, que regulaba las ayudas económicas y otras formas de reparación para las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales en el contexto de la lucha antiterrorista.

A los efectos de esta ley, se considerará que se ha producido una 'vulneración de derechos humanos producida en un contexto de represión ilícita' cuando se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas "en un contexto de violencia de motivación política y con fines de represión ilícita".

Estos abusos pueden haber sido cometidos, según precisa, por "personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones" o por "particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada".

PRESTACIONES

El proyecto establece que las víctimas reconocidas tendrán acceso a las prestaciones sanitarias necesarias dentro del sistema sanitario de Euskadi. De este modo, se ofrece a estos damnificados un marco igualitario de prestaciones de tratamiento con respecto al establecido en la Ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo.

Otra de las novedades afecta a la composición de la Comisión de Valoración, encargada de analizar las solicitudes de potenciales beneficiarios de las medidas de reparación. Este grupo de trabajo contará con tres expertos designados por el Gobierno autonómico, tres personas expertas designadas por el Parlamento vasco y tres peritos forenses designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal.

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