El PCE cree "indispensable" la anulación de juicios franquistas en Ley de Memoria y no ve "suficiente la ilegitimidad"

Actualizado 04/10/2007 14:46:31 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PCE consideró hoy "indispensable" para dar su apoyo a la Ley de Memoria Histórica que ésta contemple la anulación de los juicios franquistas, puesto que, en su opinión, una declaración de "ilegitimidad no es suficiente".

Según recalca en un comunicado, el último acuerdo entre PSOE e IU "no cambia sustancialmente" la ley, que en sus términos actuales "corre el riesgo de convertirse en una especie de amnistía general encubierta".

En este sentido, afirma que la simple declaración de "ilegitimidad" de las sentencias "no es suficiente", ya que no tendría efectos jurídicos y la situación general no cambiaría en lo fundamental, incluso aunque se hubiera acordado una referencia en la Exposición de Motivos, que "no es jurídicamente vinculante".

Por eso, el PCE cree "indispensable" para poder apoyar el proyecto de ley que se declaren nulos todos los juicios franquistas por motivaciones políticas, ideológicas o sociales. "Es preciso aclarar que las sentencias citadas tienen efectos de cosa juzgada y que, en ese sentido, sus pronunciamientos se proyectan con plena vigencia", agrega.

Asimismo, señala que hasta el momento los juicios franquistas aparecen "blindados", ya que existe una nula viabilidad procesal, dado que los recursos judiciales correspondientes "chocan con el rigor formalista del recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal de lo Supremo, órgano inicialmente competente".

"La salida realmente aceptable es la nulidad de todas las sentencias producidas en el seno de un régimen ilegal que tiene su origen en una sublevación contra un gobierno legítimo, como así fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión del 12 de diciembre de 1946 y en otras similares", subraya el PCE en el comunicado.

Finalmente, asegura que la nulidad de los juicios establecería un "enlace indispensable con la legalidad democrática de 1931, restituyendo un hilo democrático e institucional que dejaría en un paréntesis ilegal y antidemocrático a la etapa de la dictadura franquista". Por tanto, concluye que la seguridad jurídica radicaría en esta anulación de las sentencias y, por consecuencia, en la "anulación de las consecuencias jurídicas de dicha etapa".

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