MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que el embajador en Londres, Federico Trillo, y el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, "tenían que haber abandonado sus puestos ayer mismo" tras desvelarse que compatibilizaron su escaño con una actividad privada que, a su juicio, es "ilegal".
En una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, Sánchez ha avanzado que el PSOE va a remitir a la Comisión del Estatuto del Diputado un escrito para que se pronuncie sobre el caso de ambos dirigentes 'populares', convencido de que es distinto al de otros parlamentarios que compatibilizan actividades.
El despacho de Trillo y el de Pujalte fueron contratados, sucesivamente, por la empresa Corporación Llorente para que realizasen trabajos de asesoría. El despacho de Trillo cobró 354.000 euros entre 2006 y 2008 y el de Pujalte 75.000 entre finales de 2008 y 2009, una época en la que ambos eran diputados de la oposición. "Despachos del PP, diputados del PP, Administración del PP, corrupción del PP", ha resumido Sánchez.
Así, ha negado que el 75 por ciento de los diputados estén en una situación similar, porque no están "inmersos en una causa" como, según ha dicho, están Trillo y Pujalte, ya que su caso ha emergido a raíz de una investigación de Hacienda.
El líder socialista ha querido desvincular el debate sobre las incompatibilidades de los parlamentarios de este caso concreto, porque se trata de "dos diputados del PP" que tienen despachos que han sido contratados por una empresa que está "siendo investigada por la agencia Tributaria (AEAT) en relación con el supuesto pago de comisiones irregulares para adjudicarse contratos eólicos" de una Administración en manos del PP, la Junta de Castilla y León.
Sánchez, que obligó a todos los diputados socialistas a dedicarse exclusivamente a la tarea parlamentaria, ha insistido en que no le importa que los diputados den clases en la Universidad sin cobrar, pero que eso es muy distinto a tener un despacho de abogados y contratar con una empresa investigada por Hacienda por sus contratos con la Administración.
