Dicen que el Gobierno cambia la Ley de Clases Pasivas "por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía" y no descartan movilizaciones
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) exigieron hoy la retirada del recorte de pensiones por incapacidad permanente que contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aseguraron que no descartan movilizaciones si este "recorte social" no se elimina de las cuentas del Estado en el trámite parlamentario.
En una rueda de prensa conjunta en la sede de la CCOO de Madrid, los responsables de la Federación de Servicios y Administraciones y de Enseñanza Pública del sindicato, Miguel Serrano y Luis Castillejo, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, el secretario de Comunicación de la AUGC, Juan Antonio Delgado, y el secretario general de AUME, Mariano Casado, denunciaron el modo en que el Gobierno ha tramido esta reforma de las pensiones de clases pasivas y de su régimen de compatibilidad sin negociación y mediante disposiciones adicionales a los PGE y aseguraron que si no se suprime, convocarán movilizaciones contra la medida.
Advirtieron de que estarán "vigilantes" en el trámite parlamentario de los PGE, con la confianza en que los grupos presenten enmiendas que supriman la reforma del texto legislativo, y censuraron la falta de diálogo por parte de la Administración antes de plantear la reforma. Avanzaron además que CCOO ya ha presentado un recurso judicial vía contencioso administrativa por el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para acometer la bajada de pensiones y que estudian recurrir al Defensor del Pueblo o incluso plantear una cuestión inconstitucionalidad.
Serrano aseguró que el recorte del 25 por ciento en las pensiones por incapacidad permanente para los funcionarios con menos de 20 años de antiguedad ha sido realizado con un procedimiento "absolutamente irregular" al tramitarse sin negociación previa y por medio de disposiciones adicionales a los PGE para reformar la Ley de Clases Pasivas.
En ese sentido, recordó que el Tribunal Supremo estableció en una sentencia anterior que las leyes de acompañamiento no pueden utilizarse para modificar otras normas, denunció que no habido ningún tipo de negociación previa para acometer esta reforma, en contra de lo que establece el Estatuto Básico del Trabajador, y criticó el hecho de que la reforma del Régimen de Clases Pasivas cambie el régimen de compatibilidad de las pensiones y establezca una reducción del 45 por ciento para quienes opten por trabajar en el sector privado.
Serrano indicó que hay 400.000 empleados públicos que pueden verse afectados por esta bajada de las pensiones por incapacidad del régimen de Clases Pasivas y por las restricciones a su incompatibilidad y que la medida afecta principalmente a funcionarios universitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de Correos.
Por su parte, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, afirmó que el Gobierno están realizando estos "recortes" sociales "hurtando" el derecho a un debate "lógico" y recordó que los policías tienen reducido su derecho de representación sindical al no estar presente en la Mesa General de la Función Pública. Avanzó que su organización y el resto de asociaciones que componen la plataforma contra este recorte de pensiones realizarán las "acciones oportunas" contra la bajada.
CAMBIO UNILATERAL DE LAS REGLAS DEL JUEGO
El responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Luis Castillejo, manifestó que no entiende cómo el Gobierno "cambia unilateralmente las reglas del juego" y subrayó que el colectivo de profesores será uno de los más afectados por la disminuición de las pensiones, con una reducción que puede llegar hasta el 45 por ciento.
En opinión de la AUGC, el recorte en un 25 por ciento de la pensión por incapacidad permanente para funcionarios con menos de 20 años de servicio representa "una injusticia salarial", "no tiene nada que ver" con las políticas sociales que proclama el Gobierno y no casa con la subida de los sueldos en un diez por ciento en los últimos años que reivindicó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su última comparecencia parlamentaria.
El secretario de Comunicación de la asociación mayoritaria de guardias civiles indicó que el Instituto Armado está "especialmente afectado" por esta bajada de pensiones, también denominada "pensionazo", y censuró que el Gobierno la haya tramitado "por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía".
Por parte de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), su secretario general, Mariano Casado, aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas representan "la parte más débil" de los afectados por el recorte de pensiones, al no tener representación sindical, y reclamó la retirada de la medida y que este tipo de cuestiones se aborden con un "análisis profundo".
