Un primer análisis jurídico detecta "atisbos" de presunta prevaricación en la gestión del PP, según el alcalde

Actualizado 24/02/2009 14:57:31 CET

PINTO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un primer análisis jurídico encargado por el Gobierno local (PSOE, IU y Juntos por Pinto) sobre la gestión del anterior Gobierno, del PP, certificaría la existencia de "atisbos de prevaricación" en la gestión, según anunció hoy en rueda de prensa el alcalde, Juan José Martín (PSOE).

El primer edil se refirió con ello, nuevamente, al millar de informes desfavorables que tramitó el Partido Popular sin el visto bueno de Intervención o Tesorería en el año y medio que permaneció en Alcaldía, documentos que, según explicó Martín, incluyen el abono de facturas sin consignación presupuestaria por importe de 1,6 millones, así como expedientes que no siguieron los criterios de pago o el abono a empresas "por un servicio" para el que "no habían sido contratadas".

En este sentido, el regidor anticipó que el Gobierno ha puesto en manos de "un despacho externo" todos los expedientes para que se haga una valoración jurídica. En este contexto, el primer edil incluyó igualmente la decena de expedientes que, presumiblemente, han desaparecido del Ayuntamiento. "Alguien, no sabemos quién los ha hecho desaparecer", dijo al respecto. El regidor aseveró que también este asunto se ha puesto en conocimiento de asesores jurídicos para que "se depuren responsabilidades".

El Gobierno denunció la pasada semana que, tras alcanzar la Alcaldía a raíz de la moción de censura del 22 de diciembre, detectó la desaparición de varios documentos, entre ellos, el "expediente completo" de un encargo a una agencia de detectives en el departamento de Recursos Humanos, donde además habrían desaparecido presuntamente documentos sobre "valoración de puestos de trabajo o contrataciones".

En el caso de Intervención, no se localizó el paradero de varias facturas y expedientes, y en Contratación, documentos para la elaboración de una auditoría, hecho que, según el Gobierno local, "podría estar tipificada como infidelidad en tratamiento de documentos" y que, en este sentido, podría ser "merecedora de una denuncia judicial".

Por último, el regidor anunció hoy que en el próximo Pleno pedirá al PP que explique que hará con la petición de devolución de unos 60.000 euros que, presumiblemente, cobraron los ex concejales y ex cargos de confianza populares en concepto de vacaciones no disfrutadas. "No sabemos si lo devolverán o si se quedarán con algo que no les corresponde", consideró Martín.