Piqué (PP) descarta retirar contenidos de su recurso contra el Estatut como pide el Abogado del Estado

Actualizado 05/07/2007 16:11:38 CET

Dice que una sentencia interpretativa sobre el Estatut afectaría el desarrollo de algunos artículos del Estatuto andaluz

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Josep Piqué, rechazó hoy que su partido modifique su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, retirando de él, como pide el Abogado del Estado, la impugnación de los artículos cuyo contenido coincide con los estatutos de Andalucía y de Baleares.

El Abogado del Estado ha presentado un informe al Tribunal Constitucional (TC) que detalla las similitudes entre los estatutos catalán, andaluz y balear, para evidenciar que el PP ha respaldado apartados de los textos de Andalucía y de Baleares que, en cambio, ha rechazado en el caso del catalán.

Por eso, el Abogado del Estado "suplica" al TC que pida al partido recurrente aclarar si mantiene su recurso contra el Estatut. Considera que, dado que el PP no ha recurrido los artículos de los estatutos andaluz y balear similares o "idénticos" al Estatut, debe plantearse no sólo la pertinencia del recurso contra el texto catalán sino su mantenimiento, publica hoy 'La Vanguardia' y confirma Europa Press.

Sin embargo, Piqué replicó hoy en rueda de prensa que el Estatut tiene "una naturaleza y un sentido profundo" diferentes al Estatuto de Andalucía y de Baleares. El texto balear fue iniciativa del gobierno popular presidido por Jaume Matas, mientras que el andaluz fue impulsado por el Ejecutivo liderado por Manuel Chaves (PSOE), aunque se consensuó con la oposición del PP.

Por eso, el presidente del PP catalán destacó que en Andalucía el Estatuto se consensuó con su partido, a diferencia de lo ocurrido en Catalunya, donde el PP votó en contra del texto en el Parlament y, además, recordó Piqué, "no se nos aceptó ninguna enmienda".

Además, el dirigente popular justificó el apoyo de su partido al Estatuto andaluz y su rechazo al catalán alegando que los artículos de ambos textos deben interpretarse "en su contexto" y no de "forma aíslada".

Sin embargo, Piqué consideró que la sentencia del TC sobre el Estatut de Catalunya podría afectar la futura interpretación de algunos artículos del Estatuto andaluz.

Argumentó que, si la sentencia del Alto Tribunal es interpretativa, es decir, si considera constitucionales los artículos pero sólo si se aplican de una forma determinada, esta interpretación afectaría el desarollo de algunos artículos del Estatuto de Andalucía.

DENUNCIA LA "FRIVOLIDAD" DE ZAPATERO.

En cuanto al Debate del Estado de la Nación, que acaba hoy en el Congreso, Piqué tachó de "frívolo y desleal" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara el traspaso de Cercanías de Renfe a la Generalitat en respuesta a una intervención del portavoz de CiU en la cámara baja, Josep Antoni Duran i Lleida.

Según el dirigente popular, Zapatero le dio la "primicia" a CiU porque le interesa el respaldo de la federación nacionalista tras las próximas elecciones generales, en caso de que el PSOE ganara pero no con mayoría absoluta y necesitara el apoyo de otras fuerzas políticas. "Si por intereses partidistas tiene que pasar delante del PSC lo hace", dijo.

Piqué enmarcó el anuncio del traspaso de Cercanías en las habituales "concesiones y regateos políticos" de Zapatero para ganarse apoyos políticos, entre los que también citó la resolución que se debe aprobar hoy en el Congreso, sobre las inversiones del Estado en Catalunya.

Esta resolución, presentada ayer por el PSOE, fija que las inversiones del Estado en infraestructuras de Catalunya, que según el Estatut deben ser el 18,8% del presupuesto estatal en esta materia, se calcularán adoptando un concepto amplio de infraestructuras y no sólo teniendo en cuenta los presupuestos del Ministerio de Fomento y Medio Ambiente, como pasaba hasta ahora.

Piqué se refirió, además, al anuncio de Zapatero de dar una ayuda de 2.500 euros a las familias por cada hijo que tengan. El dirigente popular tachó también esta medida de "electoralista" y denunció que Zapatero la formuló antes de consultar sobre su viabilidad a los ministerios de Trabajo y Hacienda.

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