PNV, a favor del pago de las extras a funcionarios, pero desde "la máxima seguridad jurídica"

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Actualizado 27/11/2012 14:42:29 CET

Pide que las decisiones que se adopten eviten "cualquier riesgo" de que la Justicia les obligue a devolver ese dinero

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, asegura que su partido apoya que se abone la paga extraordinaria a los funcionarios, pero desde "la máxima seguridad jurídica". Además, reclama que "las decisiones que se adopten" en las distintas instituciones vascas al respecto, "eviten cualquier riesgo de que la Justicia pueda obligar, dentro de unos meses o unos años, a los trabajadores públicos a devolver ese dinero".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Mediavilla ha explicado que la formación nacionalista está en contra de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluida la decisión de suspender la paga extra a los trabajadores públicos.

"Así lo hemos manifestado desde que el Gobierno español el pasado mes de julio aprobara esta medida y lo ratificamos a día de hoy. Hemos sido y somos en el PNV partidarios de que se buscaran los mecanismos necesarios para que los trabajadores públicos cobraran el importe de la paga extraordinaria de Navidad", ha añadido.

A su juicio, "es posible que la solución a este conflicto no sea la misma legalmente en todos los ámbitos institucionales, ya que afecta a los ayuntamientos, diputaciones y al propio Gobierno vasco, y cada uno tiene su ámbito legal de cara a la aplicación de esta medida considerada como una Ley Básica".

EL PAGO

El representante nacionalista ha destacado que, "en cualquier caso, el objetivo a alcanzar por las administraciones públicas", que es la postura que apoya el PNV, "es el de sustentar el derecho de los trabajadores de los servicios públicos a cobrar la paga extraordinaria".

"Pero también es necesario que las decisiones que los distintos ámbitos institucionales desarrollen tengan la máxima seguridad jurídica y que busquen fórmulas que protejan, por un lado, a quienes toman la decisión y que, por otro, eviten cualquier riesgo de que la Justicia pueda obligar dentro de unos meses o unos años a los trabajadores públicos a devolver ese dinero", ha concluido.

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