Podemos quiere que la Constitución consagre que la banca esté obligada a financiar la economía

Pablo Iglesias presenta documento económico de Podemos
Foto: EUROPA PRESS
Actualizado 28/11/2014 15:50:33 CET

Proponen crear una institución de conciliación que pueda negociar quitas en las carga hipotecaria de las familias

   MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documento de medidas económicas que usará Podemos para elaborar su programa electoral recoge la necesidad de introducir en la Constitución española un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía "como un servicio público esencial, obligando a que su disposición necesariamente responda al interés general y no se resuelva en función del lucro de la banca privada".

Según argumentan los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, autores del documento que este jueves ha publicado Podemos en su página web, esta es "la única forma de evitar los problemas y costes provocados por las sucesivas crisis bancarias que se han producido en España en la reciente etapa democrática, durante los años 70, 90 y en esta última crisis".

"Ya es ineludible tomar cartas en el asunto mediante una reformaen profundidad del sistema bancario", defienden los dos catedráticos en el documento de 60 páginas titulado 'Un proyecto económico para la gente', que han elaborado a petición de Podemos y que ahora la formación liderada por Pablo Iglesias someterá a debate con sindicatos, empresarios y representantes de todos los sectores sociales, con el objetivo de elaborar un programa de gobierno "realista" y "pragmático".

"BANCOS PÚBLICOS CONTROLADOS POR LOS CIUDADANOS"

Como medida para desarrollar el principio de acceso al crédito que proponen introducir en la Constitución, los economistas apuestan por crear una banca pública y bancos ciudadanos de interés público". Estos bancos deberán estar sometidos al control ciudadano "para evitar la corrupción que se ha generalizado en los últimos años".

Estos bancos también deberán cumplir una serie de "condiciones estrictas", reguladas por un "régimen de buenas prácticas y de ética bancaria" que deberá ser asumido tmabién "por las entidades que se beneficien de ayudas públicas o que mantienen relación comercial con el sector público".

También señalan la necesidad de poner en claro cuando antes "la situación patrimonial real del sector financiero y particularmente la de las entidades que han recibido cualquier tipo de ayuda por parte del sector público". "Que es como decir todas ellas", ironizan.

Son partidarios asimismo de que mejorar el funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "para que los préstamos que recibe del Banco Central Europeo se produzcan en las mismas condiciones que la banca privada, y pueda así asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que lo necesitan con tanta urgencia".

Asimismo, apuestan por poner en marcha "nuevas formas de intermediación financiera para solventar las limitaciones que supone el modelo dominante de banca global", a través de cooperativas financieras de cercanía, centrales de depósitos, cajas o cooperativas de ahorros y crédito vinculadas a corporaciones y colegios profesionales, universidades, barrios y otros grupos de población".

"En particular, debe estudiarse con detenimiento la posibilidad de crear un banco ciudadano de depósitos con el fin de separar la función de captación de ahorro de la de financiación, una forma que muchos especialistas empiezan a considerar como muy útil para evitar los efectos negativos de la actual práctica bancaria y que además podría tener una gran utilidad para hacer más sostenible la deuda y paliar más fácilmente los déficit públicos al abaratar la carga de intereses", apostillan.

Por otra parte, recogen la necesidad de disminuir la carga hipotecaria de las familias que "en gran parte" se ha producido, a su juicio, "como consecuencia del poder asimétrico de las entidades financieras". "Al respecto se debería crear una institución de conciliación en la que deudores, acreedores y administración establezcan condiciones para la moratoria, reestructuración o quita de la deuda familiar en condiciones que proporcionen la mayor estabilidad posible al sistema y restituya el daño recibido por las familias en años anteriores", añaden.

RENTA MÍNIMA Y SALARIO MÁXIMO

Los economistas también proponen el "reconocimiento en la Constitución del Derecho a la Alimentación como derecho humano universal", la necesidad de establecer "un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas", o la de incrementar el salario mínimo y establecer "máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es actualmente de 127 a uno".

Asimismo, propone equiparar las pensiones no contributivas con el mínimo de las pensiones contributivas de jubilación y, mientras dure la crisis, aplicar un incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales o financiarlas por medio de impuestos.

También señalan que es imprescindible el reconocimiento de permisos por nacimiento o adopción a cada progenitor con carácter intransferible, de igual duración, y pagados al 100%. Como primer paso hacia este objetivo, proponen establecer de inmediato "las seis semanas obligatorias para los padres, que es la parte obligatoria que ya tienen las madres".

Por otra parte, avisan que es necesario poner en marcha una "reforma fiscal que combata el fraude fiscal, haga efectivos los tipos impositivos para todas las modalidades de rentas, que incremente la equidad general del sistema y que cree nuevas figuras impositivas para desincentivar las operaciones especulativas e incentivar la inversión productiva, la igualdad y la sostenibilidad de la actividad económica".

REFORMA FISCAL

Esta reforma deberá incluir, a su juicio, la mejora del IRPF para convertirlo "en un impuesto extensivo que someta a una sola tarifa todos los tipos de rentas", la eliminación de los sistema de estimación objetiva de las actividades económicas, aumento de sus tramos, eliminación de desgravaciones y deducciones que no sean de origen personalizado --entre otras, la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios--, y que no penalice a las rentas salariales, entre otras cuestiones.

También defiende la recuperación de la imposición sobre el patrimonio y recuperar para la administración central la imposición sobre la riqueza, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan modularla en sus territorios aunque evitando los escalones, la inequidad y las ineficiencias actualmente existentes, así como "hacer efectivos los tipos en el impuesto de sociedades".

En el ámbito europeo, apuestan por flexibilizar el Pacto de Estabilidad, democratizar el BCE haciéndolo responsable mediante la rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo, "que debería ser quien nombrase a sus miembros", o fijar la "coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Hacienda Europea y de las políticas económicas para poder lograr pleno empleo a nivel europeo".

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