CÁDIZ, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El diputado autonómico del PP Rafael Ruiz Canto ha afirmado este martes que la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, "tendrá que demostrar que no es cómplice en el fraude de los cursos de formación del exconsejero socialista Ángel Ojeda, tras implicar a una institución como el Ayuntamiento de Sanlúcar, cuando era alcaldesa, en la firma de tres convenios con empresas del exdirigente socialista".
En rueda de prensa, el dirigente 'popular' se ha referido a "convenios fantasmas", ya que de ellos "sólo se tiene información a través de las hemerotecas de prensa, sin conocerse públicamente su contenido ni el grado de cumplimiento de los mismos", por lo que exige a García "que dé explicaciones y clarifique la ejecución de los convenios firmados por el Consistorio sanluqueño y las empresas de Ojeda".
Ruiz Canto recuerda que "según las informaciones aparecidas en prensa, Irene García, en su cargo como alcaldesa de Sanlúcar, firmó entre 2009 y 2010 tres convenios con Ojeda para el desarrollo de cursos de formación".
"El primero fue con Prescal por el que le se cedía el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Barrameda; el segundo fue con Forpe para la rehabilitación de la antigua residencia Jesús Maestro para convertirla en un centro Profesional para el Empleo, y hoy por hoy el edificio está cerrado e inoperativo; y el tercero fue con la Agrupación de Empresas Aeronáuticas por el que se le cedía una nave en el polígono Rematacaudales", ha explicado.
El diputado andaluz llama la atención sobre las declaraciones de García, "que en una nota de prensa hablaba de la inversión privada que iba a hacer Ojeda, con 2,3 millones de euros para formación en Sanlúcar, cuando se trataba de fondos públicos, de subvenciones públicas, del dinero de todos los gaditanos y andaluces".
"FALTA DE INFORMACIÓN"
Ruiz Canto incide en "la falta de información sobre el contenido de los convenios y el grado de cumplimiento de los mismos", haciendo referencia a "una denuncia de IU de Sanlúcar en la que dice que Prescal niega tener un convenio con el Ayuntamiento, y Forpe no ha cumplido lo que recogía el convenio".
Además, señala que "en un medio de comunicación provincial del 29 de diciembre de 2010 se hablaba de las certificaciones profesionales que iba a emitir Forpe, si bien se desconoce si dichas certificaciones se han emitido", por lo que afirma que desea saber "si esas certificaciones se dieron o ha ocurrido lo mismo con las certificaciones profesionales de extrabajadores de Delphi".
El dirigente 'popular' insiste en que "todo apunta a un entramado socialista", ya que entiende que García "contribuyó al fraude de Ojeda a través de los acuerdos firmados con el Ayuntamiento, y tendrá que demostrar que no es cómplice".
A su juicio, es "la gran mentira socialista, bien elaborada, para engañar a muchas familias gaditanas cuando comprobamos que en Cádiz se ha articulado un fraude que el PP de Cádiz viene denunciando".
El diputado autonómico exige a la secretaria general de los socialistas gaditanos "que aporte los convenios y que aclare públicamente, pero con documentos y con la clarificación de los objetivos cumplidos de esos convenios, porque los políticos honrados tenemos que serlo más que parecerlo, y si el PSOE dice ser implacable contra la corrupción, también tiene que serlo en la provincia de Cádiz".
EXIGE APOYO A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Asimismo, reclama al PSOE que manifieste su apoyo público para que se lleve a cabo la comisión de investigación con el fraude de los ERE falsos y los cursos de formación, a la vez de exige que "diga públicamente que no se va a pagar con dinero de los andaluces la defensa jurídica a los imputados de estos casos de corrupción".
En este sentido, extiende la exigencia a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, a quien reprocha "que salga públicamente a criticar a los demás y no dé explicaciones de los casos de corrupción que afectan al Gobierno andaluz". "Espero que digan claramente que no van a permitir que con el dinero público de todos los andaluces paguen la defensa de los imputados", apostilla.
Por otro lado, Ruiz Canto ha señalado también que la cuñada de Ojeda, Teresa Florido, "debería saber que la Ley de Incompatibilidad de altos cargos de la Junta, vigente desde 2005, obliga a no participar ni implicarse en resoluciones cuando existe un grado de consanguinidad de hasta un segundo grado, por lo que la petición que supuestamente había solicitado para no incurrir en incompatibilidad no tiene efecto alguno".
Asimismo, Ruiz Canto ha asegurado que "la cuñada del exconsejero socialista, obviando esta Ley, firmó infinidad de ayudas millonarias para su cuñado, Ángel Ojeda, lo que, posteriormente, provocó la avocación de los expedientes, en total 102 expedientes por valor de 27 millones, de los que 99 correspondían a ayudas a Ojeda".
RECTIFICACIÓN "INMEDIATA"
El diputado andaluz del PP de Cádiz ha calificado de "repugnante" que la Junta de Andalucía "haya intentado equiparar a una institución como es la Cruz Roja, cuyo trabajo es admirable y encomiable, con el caso Ojeda, por el mero hecho de haber coincidido en el mismo tiempo de publicación las ayudas".
Ruiz Canto considera este hecho "deleznable" y ha exigido al Gobierno andaluz "una rectificación inmediata en este asunto", pues estima que es "inadmisible" que la Junta de Andalucía "intente mezclar los fraudes en la concesión de ayudas al entramado empresarial de Ángel Ojeda, con las ayudas concedidas a la Cruz Roja, una institución que diariamente demuestra su calidad humana, su honorabilidad, su prestigio y su profesionalidad".
