MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada y responsable de Defensa del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, ha instado al Ejecutivo a "suspender" la Ley de Carrera Militar porque "está destrozando la vida profesional de miles de hombres" y porque "no tiene antecedentes" el número de recursos presentados en contra de esta ley, con apenas dos años de vigencia, al tiempo que adelantó que el PP tratará de "mejorar" sustancialmente el proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los militares que comenzará a tramitarse en el Parlamento en septiembre.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Salmones ha explicado que "el Partido Popular comparte las razones" por las que la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha convocado "una gran manifestación" el próximo 16 de octubre en Madrid para dejar claro su rechazo a la Ley de Carrera Militar y el proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los militares.
El presidente de AUME, Jorge Bravo, y el secretario general Mariano Casado, han justificado la movilización por la necesidad de resolver la "problemática" creada por la Ley de Carrera Militar al introducir un "cambio de las reglas de juego" en los procesos de evaluación para conseguir un ascenso, basado en calificaciones "subjetivas" y reconocimiento de valores y méritos de "difícil ponderación".
Igualmente, AUME considera que el actual proyecto de Ley de Derechos y Deberes "restringe y limita aún más las ya mermadas capacidades del asociacionismo actual" al pretender, en su opinión, convertir a los militares en "auténticos esbirros, que no piensan, no pueden hablar, son sordomudos, no tienen relación con la sociedad civil y no pueden opinar". "Lo mejor es que no haya ninguna ley", insiste AUME.
La diputada popular, titular del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, ha asegurado que su partido pide "hacer modificaciones" a la Ley de la Carrera Militar para cambiar un sistema de ascesos "vinculado mucho a criterios subjetivos más que objetivos". "Los derechos adquiridos no son meras expectativas. Son derechos", insistió. "Compartimos sus preocupaciones", agregó, en alusión a las quejas de AUME.
La diputada popular criticó "la respuesta infantil" que en su opinión ha ofrecido la ministra de Defensa, Carme Chacón, a las quejas expresadas por los militares al esgrimir que "la ley hay que cumplirla". "Claro que hay que dar marcha atrás", insistió Rodríguez Salmones, quien recordó que el 60 por ciento de la actividad parlamentaria se traduce en "reformar leyes".
Respecto al proyecto de Ley de Derechos y Deberes, Rodríguez Salmones ha asegurado que desde el PP "respetamos el derecho" a la manifestación de los militares, su derecho a la sindicación y la negociación colectiva, aunque siempre dentro de "las limitaciones marcadas por el Tribunal Constitucional" que, en su opinión, "están muy claras".
LOS DERECHOS Y DEBERES, A DEBATE EN SEPTIEMBRE
El PP no contempla "de momento" presentar "una enmienda a la totalidad" del proyecto de Ley, que podría comenzar a debatirse en el Parlamento a finales de septiembre, porque su partido entienden que "el planteamiento básico (del proyecto de ley) es correcto".
Sin embargo, la diputada popular ha reconocido que tratarán de "mejorar" al alza el proyecto de ley, vía enmiendas parciales, y que pedirán la comparecencia de AUME en el Congreso "antes de su tramitación" en el Parlamento, a fin de que el texto se mejore "con la mejor información" disponible y se logre una ley "más aceptable" para los propios militares.
Rodríguez Salmones adelantó que su grupo parlamentario tratará, durante la tramitación parlamentaria de la Ley, que tanto las funciones del Consejo Personal sean "más extensas y concretas", algo que admite constituye "un punto complicado".
El PP también pedirá "respetar" los derechos de manifestación, sindicación y negociación colectiva de los militares pero siempre "respetando las limitaciones que tienen", limitaciones que ha dejado "muy claras" el alto tribunal español en su opinión, cree necesario mejorar "la representatividad de las asociaciones" militares y aportar "más precisión" a los derechos de Vivienda, Educación y Sanidad para los efectivos militares cuya actividad, recordó, "está sujeta a traslados forzosos".
