El PP se opone a que el Senado tramite una proposición para fomentar las lenguas autonómicas en todo el país

Actualizado 23/04/2013 20:49:29 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha decidido oponerse a la tramitación de la proposición de ley presentada por la Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado para fomentar el catalán, el gallego y el euskera en el conjunto del país y permitir que los ciudadanos puedan estudiarlos y emplearlos ante la administración más allá de las comunidades donde son lenguas cooficiales.

El promotor de la propuesta, el senador del PSC Carles Martí, ha explicado a Europa Press que ha recibido este martes la confirmación de que el PP votará mañana en contra de la tramitación de la iniciativa y que por tanto decaerá, dada la mayoría absoluta de los 'populares' en el Pleno.

"Nos parecía que la proposición podía ser apoyada por el PP, es positiva, da desarrollo a una disposición de la Constitución Española sobre una realidad, la pluralidad lingüística de España", ha asegurado el senador.

Martí ha explicado que le presentó la iniciativa a la presidenta del PP catalán y senadora Alicia Sánchez Camacho, "la persona que podía ser puente y hacer más fácil que el PP pudiera abstenerse como mínimo". El asunto se debate finalmente en la sesión plenaria de este miércoles y hoy, el PP ha comunicado finalmente su decisión a la Entesa.

"Mañana veremos qué argumentan. Esta es nuestra política y nuestra manera de entender España, creemos que la comparte la inmensa mayoría de los españoles y no vamos a cejar", ha agregado Carles Martí.

FORTALECER ESPAÑA

El grupo parlamentario que preside el expresidente catalán José Montilla explica en el preámbulo de la norma que los ciudadanos deben ser conscientes "de la trascendencia que puede tener ser también competente" en estas lenguas, de cara a vivir, trabajar o tener negocios, por ejemplo, en Cataluña o el País Vasco.

Con la iniciativa, añade la Entesa, se pretende dar al Gobierno una herramienta para que "fortalezca España como lo que es: un país con un rico y variado patrimonio lingüístico que se debe conocer y preservar".

El grupo ha añadido a la propuesta una memoria económica, en la que argumenta que la norma no supondrá ningún coste adicional porque con los actuales medios se pueden aplicar muchas de sus medidas; y cuando se precise alguna inversión, se contempla además que sea "progresiva en el tiempo y acompasada a las disponibilidades presupuestarias".

DOCUMENTOS BILINGÜES

La ley promueve las lenguas autonómicas en todos los ámbitos, como derecho de uso individual que es, se dice en el texto. Por ello, toda la información que el Estado ofrezcan a los ciudadanos por Internet, por ejemplo, deberá estar traducida, al igual que las web de la Casa Real, el Tribunal Constitucional o la Junta Electoral Central, entre otras instituciones.

Los ciudadanos podrán dirigirse a la Administración General del Estado en estas lenguas, en las que se podrá además obtener el DNI o el permiso de conducir en cualquier punto del país.

Por otro lado, el Estado garantizará la validez de todas las acreditaciones y certificaciones oficiales expedidas en cualquier de las lenguas cooficiales.

TAMBIÉN EN LA EDUCACIÓN

La proposición de la Entesa alcanza también a la educación. Se propone así que los planes de estudio de la enseñanza obligatorio incluyan temas para que se conozca la realidad plurilingüe del país y fomentará, "de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias", el estudio de estas lenguas en toda España, "especialmente en las etapas ordinarias del sistema educativo" y en las escuelas oficiales de idiomas.

También se recoge en un artículo que se adoptarán medidas para que las universidades españolas ofrezcan titulaciones para la formación de investigadores y profesionales.

La promoción de estas lenguas alcanzaría también, según la propuesta de la Entesa, a la cultura, los medios de comunicación públicos del Estado, la función pública, la toponimia y de cara al exterior.

Junto estas y otra medidas, el grupo parlamentario propone en su iniciativa la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales, como órgano colegiado adscrito a la vicepresidencia del Gobierno y dedicado a la "protección, promoción y difusión de las lenguas españolas".

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