Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 07/12/2009 18:27
El PP ha registrado una proposición de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a modificar el decreto ley del Fondo de Inversión Local con el objetivo de que los ayuntamientos puedan dedicar 3.000 millones de euros de los 5.000 previstos al pago de facturas que tengan pendientes con proveedores, autónomos y pequeñas o medianas empresas.
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó hoy que ésta es una medida reclamada por consistorios de distintos signo político y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Cuando el Congreso convalidó el decreto ley que regula este fondo, el PP pidió que se tramitase como proyecto de ley para poder incluir ésta y otras modificaciones. Dado que finalmente el texto se convalidó sin que los grupos pudieran realizar sus aportaciones en el Congreso, los 'populares' han optado por plantear esta propuesta a través de una proposición de ley.
En principio, esta iniciativa no podrá ser debatida antes del próximo mes de febrero, ya que el orden del día del Pleno de la próxima semana, el último previsto para este año en el que se debatirán propuestas de los grupos, fue cerrado esta mañana por la Junta de Portavoces y en enero no hay sesiones plenarias ordinarias.
INFORME DEL ESTADO DE DEUDAS
El PP, que enmarca esta iniciativa dentro del paquete de medidas que ha planteado para luchar contra la morosidad, propone incluir un nuevo punto en el artículo 5 del citado decreto que permita a los entes locales obtener recursos hasta un montante equivalente al 60 por ciento del Fondo Local para poder hacer frente al pago de las deudas que mantienen con proveedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Los ayuntamientos que quieran acogerse a esta cláusula tendrán que presentar un informe sobre las deudas que tengan contraídas con terceros en el que se incluirá el objeto e importe de la deuda por proveedor, así como la antigüedad, salvo que excepcionalmente las autoridades locales, por razón del importe de la deuda o por otras circunstancias debidamente motivadas, justifiquen el pago de una deuda posterior.
En todo caso, el PP pide que se obligue a los entes locales a elaborar un plan de austeridad de gasto corriente para los próximo cinco años que sea compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria y con los planes económico-financieros de seguimiento que se hayan aprobado hasta la fecha.