El fiscal se opone a la nulidad de las escuchas autorizadas por Garzón durante la instrucción

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
Reuters
Actualizado 10/12/2010 14:57:10 CET

Las defensas de los imputados argumentaban que se habían realizado sin "control judicial efectivo"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal anticorrupción Luis Pastor se ha opuesto a la nulidad de las escuchas autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y su sucesor, Pablo Ruz, durante la instrucción del caso 'Pretoria', al considerar que se realizaron con todas las garantías procesales, informaron fuentes jurídicas.

Así lo ha defendido durante una vista celebrada este viernes ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en la que se han analizado los recursos de apelación que los abogados de los imputados en esta causa han presentado contra las principales diligencias que se han llevado a cabo a lo largo de la investigación.

Durante la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada, las defensas han alegado, siguiendo la estrategia de los imputados en el caso 'Gürtel', que las escuchas deberían ser anuladas por "quebrantamiento de las garantías procesales", ya que no contaban con "control judicial efectivo".

En concreto, la letrada del ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', presunto cabecilla de la trama, ha recurrido 72 autos de la instrucción. Entre las actuaciones recurridas también se encuentran los autos en los que los titulares del Juzgado Central de Instrucción número 5 decretaban el secreto del sumario, las órdenes de entrada y registro, las intervenciones telefónicas y el bloqueo de sus cuentas, bienes y patrimonio.

20 IMPUTADOS

Ruz mantiene imputados a 20 ex altos cargos y empresarios en el marco de esta causa, en la que se investigan las actividades urbanísticas que la trama habría realizado aprovechando su influencia en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros y otras medidas cautelares.

La investigación, que se encuentra muy avanzada, según las citadas fuentes, dejó de ser secreta en mayo pasado. En la actualidad cuenta con 38 tomos en la causa principal (unos 13.500 folios), 9 piezas separadas de situación personal y otras dos sobre la gestión de la empresa Gramepark y las medidas cautelares que continúan vigentes y cinco tomos sobre comisiones rogatorias.

A este respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 está pendiente del cumplimiento de las solicitudes judiciales que libró a Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Portugal y Costa Rica para seguir el rastro de las actividades financieras de los imputados.

AGUJERO EN LOS TRES AYUNTAMIENTOS

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.

También están siendo investigadas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de la localidad, Antoni Jiménez (PSC) y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el ex gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón; y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.

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