MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha manifestado este jueves, en nombre de su formación política, su rechazo al proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita del ministro Alberto Ruiz-Gallardón por dejar sin protección judicial a la inmensa mayoría de los ciudadanos que lo necesitan.
"Es atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos pero, sobre todo, es algo tan importante como privar de la protección judicial, de la tutela judicial efectiva a los ciudadanos cuando lo necesitan, en casos, a veces, gravísimos como es un despido o como es un desahucio", ha lamentado la responsable socialista.
Valcarce se ha pronunciado a este respecto al hilo de la concentración llevada a cabo por decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados para mostrar su rechazo.
En este sentido, la también portavoz socialista en la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento regional ha recordado que su formación política considera esta medida "inconstitucional", y ha acusado al Gobierno regional de dar "la segunda vuelta de tuerca" a esta situación, porque "ha recortado en un 20,7 por ciento la financiación de la justicia gratuita".
Además, ha calificado de "escandaloso" que el Ejecutivo regional "esté mendigando" al Gobierno central y al ministro Gallardón que les den el dinero de las tasas judiciales para pagar la justicia gratuita, cuando es "su obligación en la Comunidad de Madrid".
Asimismo, ha afirmado que "un día sí y otro también" el Gobierno regional "amenaza" con devolver las competencias en materia de Justicia, antes de manifestar que "si no sabe o no quiere las competencias de justicia ejercerlas, como es su obligación como gobierno, lo correcto es que dimitan, que se vayan".
Finalmente, Valcarce ha criticado que los abogados y los procuradores del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están cobrando "muy poco, muy tarde y muy mal", debido a que sus honorarios están congelados en Madrid desde el año 2002 y han sufrido un recorte del 20 por ciento en los presupuestos regionales, así como a que están cobrando hasta con tres trimestres de retraso.
"Por lo tanto, la justicia gratuita no protege a los ciudadanos, pero además abogados y procuradores del turno de oficio no reciben los honorarios correspondientes. No están cobrando las actuaciones que han realizado pero además las que reciben son pagadas de una forma tan precaria y con unos retrasos que acumulan meses y meses", ha denunciado.
