MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE se compromete a no llevar en sus listas municipales a "acusados y procesados en procedimientos judiciales", y así lo garantiza en el programa marco con el que se presentará a las elecciones del próximo 24 de mayo. De esta manera, los socialistas van un paso más allá que en el Código Ético, que todos sus candidatos deben suscribir para presentarse a las elecciones.
En ese documento que aprobó el pasado octubre, el PSOE fijó en la apertura de juicio oral el momento en el que exigir responsabilidades a sus cargos implicados en procedimientos penales.
Sin embargo, ahora introduce en su programa municipal una nueva circunstancia y habla también de "acusados", aunque no precisa por quién --Policía, Fiscalía, un juez o una parte-- ni en qué tipo de delitos.
Este asunto fue sujeto de debate después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometiera a exigir su escaño a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán si eran imputados por el Tribunal Supremo, una exigencia que no aparecía en el Código Ético, entonces recién aprobado.
CUANDO SE LES ACHACA UN DELITO
Después, precisó que se les pediría que dejen el Congreso y el Senado, respectivamente, si son acusados de algún delito, algo que aún no ha sucedido, aunque sí han sido llamados a declarar como imputados. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, coincidió en este criterio cuando se le preguntó por qué sucedería con los expresidentes si eran llamados por el Supremo.
Desde entonces, el líder de los socialisas --que siempre insiste en que no le va a "temblar el pulso" a la hora de atajar la corrupción-- se ha remitido al Código Ético del partido, que fija en la apertura de juicio oral el momento de las responsabilidades, aunque ha insistido en que, en función de la gravedad de los hechos, se podrán tomar medidas excepcionales.
Así se hizo, en el caso de las 'tarjetas opacas' de Caja Madrid o tras la detención del alcalde de Parla José María Fraile. Y se hará si a Chaves y Griñán se les acusa de algún delito, algo que la dirección del PSOE no espera que suceda.
Sin embargo, el programa del PSOE introduce ahora este criterio de la acusación con carácter más general, al hablar de "acusados" y no sólo de "procesados". No hace referencia al término de "imputados", que el Gobierno pretende suprimir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en trámite parlamentario, dando paso a "investigados" y "encausados".
HAY QUE "RECUPERAR LA CONFIANZA" DE LOS CIUDADANOS
En el programa municipal --que contiene 356 propuestas que se aprobarán en el Comité Federal del próximo sábado--, los socialistas apuestan por gobiernos transparentes, "cuya actuación y conducta está sustentada en sólidos principios éticos". Su objetivo es, señalan, "recuperar la confianza de la ciudadanía".
Por ello, uno de los capítulos del programa está dedicado la "regeneración democrática y ética política", con el compromiso de trabajar para que "la política democrática vuelva a ser una actividad noble y legitimada al servicio únicamente de la ciudadanía, de sus derechos, del interés general y del bien común".
El primer punto de este apartado subraya que todos los candidatos ratificarán el Código Ético del PSOE y el Código de Buen Gobierno Local, aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Pero, además, y garantizando "la defensa estricta de los principios de honradez y transparencia", aseguran que no incluirán en sus listas municipales a "acusados y procesados en procedimientos judiciales".
También se comprometen a que sus cargos públicos renuncien a sus responsabilidades cuando se encuentren en una de estas causas o circunstancias, así como a solicitar la suspensión cautelar de militancia.
PLANES DE PREVENCIÓN
En este capítulo, el PSOE también se compromete a impulsar planes de prevención de la corrupción y protocolos de actuación de los funcionarios, así como a impulsar cursos o sesiones informativas, al inicio de cada mandato, para promover buenas prácticas deontológicas que eviten o prevengan la corrupción y todo comportamiento público irregular.
Asimismo, los socialistas aseguran que instarán a la modificación de las normas jurídicas que sean necesarias para que los condenados por corrupción política no puedan obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas.
E impulsarán la traslación a los ordenamientos jurídicos de las comunidades autonómas de la norma que establece como infracción los casos de compromiso de gasto u órdenes de pago sin consignación presupuestaria.
