El PSOE justifica la "abstención razonada" en el CETA por no respetar los sistemas judiciales de España y Europa

 

El PSOE justifica la "abstención razonada" en el CETA por no respetar los sistemas judiciales de España y Europa

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Publicado 26/06/2017 16:34:00CET

Avisa contra el arbitraje "semipúblico" y desigual para empresas e instituciones y la aplicación voluntaria de derechos laborales

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE ha acordado hoy tener una posición de "abstención razonada" en la votación del CETA, el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, por varias razones, pero fundamentalmente por el sistema de arbitraje semipúblico que establece y que, según los socialistas favorece a las grandes empresas e inversores, y no respeta los sistemas judiciales de los que España y el resto de Europa se ha dotado democráticamente. Además, advierte contra las salvaguardas que establece para las empresas frente a los derechos laborales o medioambientales.

La resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, de seis folios, confirma lo anunciado ya en un tuit por la presidenta del partido, Cristina Narbona, y la posición transmitida por el secretario general Pedro Sánchez al Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Se trata de una postura que modifica la posición que venía manteniendo el partido hasta ahora y que era de apoyo al tratado después de haber participado en su negociación en el Parlamento Europeo y haber logrado la introducción de numerosos cambios que lo mejoraban.

En la resolución de la Ejecutiva Federal del PSOE --en la que se deja claro que los socialistas están a favor del comercio internacional pero con una gobernanza global "justa"-- se aportan varias razones para la "abstención".

La primera de ellas es la forma que se ha elegido para la resolución de las disputas a través de la "Investors Court System" (ICS), que es un sistema "semipúblico" de arbitraje al que, según el PSOE, tendrán un "acceso desigual las instituciones y los ciudadanos europeos o canadienses frente a las grandes empresas y los grandes inversores extranjeros (sin olvidar que debido al NAFTA, las empresas estadounidenses podrán concurrir también a través de Canadá)".

Los socialistas admiten que el CETA reconoce a los Estados el derecho a regular, pero también incluye el "derecho a compensar a los inversores y empresas extranjeras cuando una regulación pública cambia, y puede potencialmente perjudicarles en el futuro".

SISTEMA JURÍDICO DOBLE Y DESIGUAL

Además, exponen que el sistema, aunque está formado por jueces, marca un sistema jurídico "doble y desigual" para los actores, ya que los inversores y las empresas extranjeras pueden acudir al Investors Court System, mientras que los inversores y empresas no extranjeras tienen que recurrir a la justicia ordinaria.

Incluso apuntan sus dudas de que ese sistema dual sea compatible con el "monopolio en la interpretación del Derecho europeo que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El PSOE cree que los principios y el sistema recogidos en el CETA puede actuar como "freno" para las políticas públicas futuras a todos los niveles --nacional, autonómico y local-- ya que establecen un "precio potencial, en forma de litigios e indenminaciones, a las decisiones democráticas y soberanas de cambio en las políticas públicas, si éstas perjudican las expectativas de beneficios futuros de los inversores extranjeros".

INDEMNIZACIONES SI CAMBIA LA REGULACIÓN DE LOS ESTADOS

Ponen como ejemplo el hecho de que tras al firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mayoría de las disputas involucran a inversores que desafían las leyes ambientales del país donde invierten y recuerdan que a principios de 2015 Canadá tenía 8 litigios pendientes con indemnizaciones demandas por valor de 6.000 millones de euros.

El segundo aspecto polémico para los socialistas es el "desequilibrio" que se produce entre las provisiones y salvaguardas que se establecen para proteger los intereses de los inversores frente a la protección de los derechos laborales o medioambientales.

REGULACIÓN VOLUNTARIA Y SIN EXIGIBILIDAD JURÍDICA DE DERECHOS LABORALES

"El CETA se ha construido protegiendo sobre todo y ante todo estableciendo salvaguardias para las empresas, pero no para los derechos laborales o medioambientales", declara la resolución del PSOE, en la que se recuerda que en las 1.600 páginas del Tratado se establecen miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las compañías transnacionales, frente a uno cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurídica otros aspectos como los aspectos laborales.

Precisa, en este sentido, que una violación de éstos por parte de una empresa sólo derivaría en un proceso "no vinculante de discusiones y recomendaciones".

EL CETA NO PROTEGE EL MEDIOAMBIENTE

Y por lo que respecta a las disposiciones medioambientales, señala que el CETA no protege el medioambiente ni asegura la sostenibilidad en Canadá ni en la UE. Además, reduce cualquier mecanismo de disputa a "totalmente voluntario".

Junto a estos dos asuntos principales para el PSOE, la Comisión Ejecutiva Federal recuerda el "secretismo" con el que se han llevado a cabo las negociaciones, iniciadas en 2008, pero que no han tenido dimensión pública hasta 2015. Creen que el Parlamento debería "seguir de cerca el proceso de negociación" y "no como se ha planteado, de buenas a primeras, sin debate previo y sin debate social". Y apuntan que esta "falta de transparencia" se está produciendo también en la negociación del futuro tratado con Japón, el JEFTA.

A estas críticas, el PSOE añade la necesidad de incluir otros aspectos como el "establecimiento mecanismos de compensación para corregir los efectos sociales potenciales adversos o la lucha conjunta contra el cambio climático".

No se trata, por tanto, según los socialistas de un Tratado "equilibrado" que propicie la apertura comercial al mismo tiempo que salvaguarde los derechos laborales, medioambientales y respete los sistemas judiciales de los que se ha dotado "democráticamente tanto España como Europa".

Sin embargo, dejan claro que la posición es de "abstención razonada" por las objeciones expuestas y por otro lado, porque los socialistas no se oponen a algunos aspectos concretos y "muy sensibles" de la formulación actual del citado Tratado. "Estamos a favor del multilateralismo, la apertura, el estrechamiento de los lazos comerciales con otras regiones del mundo y, en particular, con Canadá".

"NUEVA RESPONSABILIDAD": ESTABLECER PRINCIPIOS

El PSOE añade que la abstención les va a marcar una "nueva responsabilidad": la formulación de unos principios que establezcan las características básicas de los tratado de nueva generación, que se correspondan con una globalización justa y sean capaces de "establecer no solamente salvaguardas para las empresas, sino también el proceso que se necesita en la lucha contra las desigualdades, el desarrollo sostenible y detener y revertir el cambio climático.

Finalmente, anuncian su intención de proponer en el Congreso los mecanismos parlamentario específicos para que el Parlamento pueda conocer los textos de los tratados y de otros acuerdos internacionales, con carácter previo a su ratificación.

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