El PSOE presentará una denuncia al fiscal general del Estado para que investigue la estafa de las preferentes

 

El PSOE presentará una denuncia al fiscal general del Estado para que investigue la estafa de las preferentes

Soraya Rodríguez, con Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano
EUROPA PRESS
Actualizado 23/04/2013 15:16:03 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avanzado este martes que el PSOE presentará una denuncia ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que abra una investigación sobre la supuesta "estafa estructural" que a su juicio representa la comercialización de preferentes y deuda subordinada.

Finalmente la dirección del PSOE ha desestimado la presentación de una querella contra personas concretas, que es lo que ha hecho UPyD en la Audiencia Nacional y lo que pedían algunos diputados socialistas.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Rodríguez ha subrayado que quien puede llevar a cabo una investigación de ámbito general es la Fiscalía, y de ahí que los socialistas se hayan dirigido a esta institución.

Según ha explicado, el PSOE pondrá en conocimiento de Torres-Dulce unos determinados hechos, basándose en los informes elaborados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en distintas sentencias que se han dictado a través de acciones judiciales presentadas por los afectados, para saber si pueden constituir una situación de "engaño estructural".

"Pedimos al fiscal que actúe y abra una investigación para que podamos conocer el alcance de los hechos, comprobar si pueden constituir algún tipo de delito y determinar responsabilidades", ha insistido la dirigente socialista.

A su juicio, un número importante de ciudadanos han sido "víctimas de un engaño que puede constituir una estafa estructural" y se exige una investigación por parte de la Fiscalía. El PSOE, por su partem, seguirá presentando iniciativas parlamentarias para buscar una solución a los afectados, rechazar el decreto ley aprobado por el Gobierno, y establecer un arbitraje universal y neutral, no en manos de los bancos.

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