Roca niega participar en operaciones urbanísticas y Julián Muñoz no recuerda haber firmado los convenios

Actualizado 16/06/2008 19:51:48 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, que declaró hoy ante el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí por dos operaciones urbanísticas derivadas del caso 'Malaya', "ha negado que diera dinero a nadie así como su participación en la redacción" de los convenios, según su defensa, quien apuntó que el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que también prestó declaración, dijo "no recordar si los había firmado".

El juez instructor del caso, Óscar Pérez, dictó en diciembre de 2007 una resolución en la que acordaba practicar varias diligencias de investigación en relación a las operaciones 'Ave María' y 'Francisco Norte', tras el atestado aportado por uno de los grupos de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía en la causa principal.

El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, indicó que su patrocinado apuntó en su declaración que "no ha participado en la redacción de los convenios puesto que él no era funcionario y con lo cual ni redactaba ni votaba". En cuanto a la declaración del ex alcalde marbellí, precisó que será necesaria una pericial caligráfica, ya que Muñoz aseguró que "si había firmado los convenios, no lo recordaba".

También hoy declaró por esta causa el empresario Francisco Javier Arteche, quien, según manifestó Álvarez, apuntó ante el juez que por estas operaciones "ha perdido mucho dinero, aproximadamente 1,8 millones de euros, y que todavía no se ha recuperado de estas pérdidas".

Finalmente, el letrado se refirió en declaraciones a los medios a la imputación en esta causa de los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor y manifestó que "ellos no han tenido participación en el tema porque no asesoraban al Ayuntamiento".

Por su parte, para mañana han sido citados a declarar en esta pieza separada del caso, la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, el tasador José Mora, que tiene varias causas derivadas de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por temas de convenios urbanísticos; los empresarios procesados en 'Malaya' Carlos Sánchez y Andrés Liétor, y una mujer.

Respecto a la operación 'Ave María', el juez explicaba que se inicia con un convenio en septiembre de 2002 entre el Ayuntamiento, siendo Muñoz alcalde accidental, y la empresa CCF 21, cuyos titulares serían los empresarios Sánchez y Liétor, que supuso un perjuicio para el Consistorio "considerable", pues percibió una finca valorada en menos de 30.000 euros y cedió aprovechamientos por valor de 1,4 millones.

Este daño económico era, según el planeamiento de 1986, pues con los parámetros de la revisión del 98, que no llegó a ser aprobada, "el perjuicio ascendía a 3,9 millones de euros". Según el instructor, el Ayuntamiento justificó la necesidad de permuta en que tenía interés en adquirir terrenos destinados a servicios para ubicar el vertedero municipal.

Antes de ese convenio, según las primeras investigaciones, los aprovechamiento de esta parcela y de otra ya fueron vendidos como cosa futura por dicha empresa a la sociedad Masdevallía "propiedad de Roca", que vendió los aprovechamiento de la parcela investigada a otra sociedad Obarinsa, propiedad de Arteche.

Además, el suelo que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento lo adquiere siendo el vender otra empresa propiedad de Roca, según indica el auto, en el que se precisa que la secuencia documental "ofrece trazos de querer utilizar una finca propiedad del señor Roca y de escaso valor como justificación para obtener del Ayuntamiento una contrapartida extremadamente onerosa para éste".

En el caso de 'Francisco Norte', también se enmarca en un convenio urbanístico suscrito en 2002, en esta ocasión en enero, por el que el Consistorio marbellí "se obligó a abonar" a una empresa casi tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible edificar" en dicha parcela, según señala el juez.

Los cambios sufridos en ese suelo, detallados en el informe policial, sugieren, según el instructor, "una actividad que presenta trazos de estar dirigida a defraudar los intereses municipales". Además, señala que deberá investigarse una licencia otorgada por Yagüe para segregar el subsuelo de la finca y verificar si la calificación permitía un aprovechamiento independiente.

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