Romero dice que la suspensión del juez demuestra que "el cáncer" de 'Malaya' está muy extendido"

Actualizado 05/07/2007 20:24:44 CET

MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de IU por Málaga, Antonio Romero, afirmó hoy que la suspensión cautelar de funciones al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, al existir sospechas de que podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la operación 'Malaya', demuestra que "el cáncer está muy extendido".

Así, aseguró que esta decisión "no me ha sorprendido en absoluto ni debe sorprender a la ciudadanía de Marbella porque, independientemente de sus derechos y de la presunción de inocencia que tiene, está claro que la corrupción alcanza a todos los poderes del Estado de Derecho: a la Policía, a la política, y a la judicatura".

En este sentido, manifestó en declaraciones a Europa Press que "la justicia no es una caja de cristal alejada de los riesgos que conlleva la corrupción".

"Cuando decimos que la corrupción es un crimen contra el pueblo y un atentado contra la democracia, lo decimos porque corrompe a los poderes de la misma", indicó Romero, quien aseveró que "es muy importante que se tire de la manta hasta que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, y a todos los que hayan participado en estos hechos".

Asimismo, el parlamentario andaluz consideró "muy importante" que el juez que instruye el caso, Miguel Ángel Torres, esté planteando "una investigación para conocer cuántas sociedades se han constituido con sede o relación con los paraísos fiscales". "El juez tiene todo el respaldo de IU", dijo.

Por último, agregó que "la operación 'Malaya' nos parece muy importante" y pidió "que no tiemble el pulso y que se les dé a todos los que investigan el caso el apoyo que necesiten".

La decisión de la suspensión se ha producido después de ser informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias penales contra el juez por la comisión de unos presuntos delitos de cohecho y prevaricación. El órgano de gobierno de los jueces ha contado con un informe favorable del fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín Casallo que se pronunció ayer.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies