Rosa Díez plantea a Bono que los diputados tengan un régimen de dedicación exclusiva similar al de los ministros

portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez
EP
Actualizado 07/02/2011 19:12:03 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha planteado al presidente del Congreso, José Bono, que los diputados se rijan con el régimen de incompatibilidades similar al de los ministros y secretarios de Estado, esto es, que tengan dedicación exclusiva a su cargo. También el PNV y el BNG pretenden que los diputados tengan que elegir entre "escaño o despacho".

Ésta es una de las propuestas que Díez ha incluido en la carta que ha remitido este mismo lunes a Bono, en respuesta a la iniciativa que junto al presidente del Senado, Javier Rojo, promovió hace dos semanas para sondear a los grupos sobre la posibilidad de revisar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y sus complementos de pensiones, así como de dar publicidad a sus bienes.

En su misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, UPyD también propone mantener la total incompatibilidad entre el escaño y el ejercicio de cualquier función o cargo público, incluyendo los de alcalde o concejal que actualmente están permitidos por la legislación.

Igualmente, quiere clarificar la regulación relativa a las incompatibilidades entre ser parlamentario y la actividad privada, de forma que la redacción de este precepto sea "congruente, clara y precisa". Esta precisión, según UPyD, debería llevar a un régimen de incompatibilidades semejante al de los ministros y secretarios de Estado.

En este sentido, Díez pone encima de la mesa la necesidad de definir con precisión la excepciones a la incompatibilidad entre la ocupación del escaño y la actividad extraparlamentaria que puede autorizar la Comisión del Estatuto del Diputado, cuyas reuniones según apunta, deberían ser públicas y sus acuerdos fácilmente accesibles para cualquier ciudadano.

Asimismo, la representante de UPyD en el Congreso sugiere modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG) para que exista incompatibilidad cuando el diputado adquiera con posterioridad a la fecha de su elección participaciones en empresas o sociedades en cuantía superior al 5 por ciento.

También cuando se trate de una sociedad anónima cuyo capital sea superior a los 300.000 euros, cuando tenga la posición de control de una empresa, aunque el porcentaje de su participación sea inferior a un 5 por ciento, y cuando las empresas tengan contratos de obras servicios, suministros o, en general, cualesquiera otros que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público, autonómico o local.

SÓLO UN SUELDO

Parecido planteamiento han recogido en sus respectivas cartas el PNV y el BNG, quienes se muestran partidarios de que los parlamentarios se dediquen exclusivamente a su escaño, de forma que no puedan cobrar del erario público y recibir un segundo o tercer sueldo de la actividad privada, de los partidos políticos o incluso de las fundaciones.

Con respecto a los bienes y las rentas de diputados y senadores, Rosa Díez aboga por que éstos sean comunicados al Registro de Intereses y darles publicidad a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de las páginas de Internet del Congreso y del Senado según sea el caso.

En relación con las pensiones parlamentarias, Rosa Díez comienza recordando a Bono que ya son tres las ocasiones en las que ha reivindicado una reforma del Régimen de Seguridad Social de los Diputados y del Reglamento de Pensiones aprobado por las Mesas conjuntas del Congreso y del Senado en 2006, con el fin de equiparar la protección social de los parlamentarios y el resto de ciudadanos.

En este punto, la diputada de UPyD lamenta que, sin embargo, esa solicitud haya sido desestimada recientemente "bajo el argumento de que en otros parlamentos hay una regulación similar o mayor". "No deja de ser sorprendente que pocos días después de esa negativa, solicites que te demos opinión para su reforma", añade a renglón seguido.

RECIENTE RECHAZO A LA INICIATIVA DE UPYD

Sobre esta cuestión, UPyD reitera el contenido del voto particular que presentó al informe de la Comisión del Pacto de Toledo y que recibió el voto en contra de entre otros los dos partidos mayoritarios.

En dicho texto, se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley que incluya a los parlamentarios, eurodiputados y diputados de asambleas autonómicas en la legislación ordinaria de la Seguridad Social, con el fin de que éstos tengan derecho a paro al finalizar su trabajo quedando así subsanada la ausencia de protección de la actual normativa.

Esta regulación, según recalca UPyD, conllevará la derogación del artículo 9 del Reglamento del Congreso, que hace referencia a la protección social de los diputados, y de los artículos similares de los reglamentos de otras cámaras, dejarán sin efectos sus convenios con la Seguridad Social y anulará los acuerdos de sus mesas por lo que se establecen regímenes complementarios de pensiones tanto para ex parlamentarios como para los ex altos cargos de los distintos gobiernos.

Asimismo, Rosa Díez plantea suprimir el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y crear un registro público donde consten los ex parlamentarios a los que se haya concedido ya complementos y prestaciones, su clase y su cuantía.

PENSIONES DE AZNAR Y GONZÁLEZ

Aprovechando su misiva, UPyD también pone de manifiesto la necesidad de regular por ley las pensiones de los ex miembros del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos para poner fin a las "prejubilaciones de oro".

En concreto, propone suprimir la compatibilidad de salarios del sector público o privado, como es el caso de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar --que acaban de ser 'fichados' por sendas compañías eléctricas--, y revisar la permanencia de las pensiones vitalicias con las pensiones a las que tienen derecho a partir de la edad de jubilación.

También hace mención a este asunto el BNG, quien entre otras propuestas plantea que los ex mandatarios que renuncien a todo el dinero que reciben del Estado cuando se pasen a la actividad privada, salvo al que se destina a gastos de seguridad, que para los altos cargos se amplíe el periodo que debe pasar entre que se deja un puesto público y se pueden empezar a desempeñar actividades privadas.

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