Dice que la Constitución no es la causa de los problemas y critica a los que quieren reformarla para ocultar problemas de partido o gobierno"
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Gobierno de Aragón, ha defendido este lunes la decisión de proteger al Rey Juan Carlos mediante su aforamiento porque, si no se hubiese hecho, existiría la posibilidad de que un juez intentase "pasar a la historia" imputando al exjefe del Estado.
Durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press, Rudi ha dicho que le parece "perfecto" que el Rey Juan Carlos esté aforado porque "a quien ha estado durante 40 años al frente de la Jefatura del Estado no se le puede dejar al albur de que un miembro de la magistratura de algún rincón de España quiera pasar a la historia por haberle imputado".
También ha defendido la fórmula utilizada para realizar el aforamiento --modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de enmiendas a la Ley de Racionalización del Sector Público-- y ha criticado que el PSOE "no haya querido cooperar" y haya puesto una "excusa" para no votar favorablemente. La otra opción era "dejarlo durante meses", y en este caso "era mejor hacerlo rápido", ha señalado.
A una pregunta sobre la posibilidad de reducir el número de aforados en España, Rudi ha respondido que la mayoría no son políticos, sino que pertenecen a la magistratura y a la Fiscalía. Además, ha añadido que los parlamentarios nacionales y autonómicos "no han hecho mucho uso" del aforamiento y que, en cualquier caso, esa protección de la que gozan no implica que tengan una "ley especial".
Sobre el nuevo jefe de Estado, ha dicho que "encarna una renovación en la continuidad" y que, puesto que representa un poder "constituido, no constituyente", y "moderador, no ejecutivo", no se le puede "pedir más que eso o algo distinto de eso".
NO HAY CONSENSO PARA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN
La presidenta autonómica también se ha referido a las propuestas para reformar la Constitución, señalando que "ni el paro, ni la corrupción, ni la secesión, ni los problemas del bienestar tienen su causa" en la Carta Magna que se aprobó en 1978. Por eso, ha criticado a quienes, a su entender, "pretenden ocultar un problema de partido o de gobierno creando un problema de Estado" y para eso proponen procesos de reforma.
En su opinión, una hipotética revisión de la Constitución no debería ser la respuesta a un "chantaje" --en referencia al Gobierno catalán y su consulta soberanista--, ni tener como objetivo "instaurar la desigualdad, mal llamada asimetría" --federalismo asimétrico--, ni excluyendo a "la mayoría de los españoles".
"Lo primero que se necesita para una reforma institucional de fondo es voluntad de consenso, y no tengo la impresión de que ello exista hoy en España", ha manifestado, sugiriendo que, en una eventual modificación de la Constitución, se tome como base el informe que elaboró el Consejo de Estado en 2006, en el que se proponía el cierre y a la estabilización del modelo autonómico.
