Santamaría recuerda que hay imputaciones por malversación tras ordenar registros el juez del 1-O

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la sesión de control
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Publicado 15/03/2018 9:40:36CET

Dice que el Gobierno también ha facilitado a jueces y Tribunal de Cuentas las facturas y los datos que les han pedido

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este jueves, después de que el juez que investiga el referéndum ilegal del 1-O haya ordenado registros en el Palau de la Generalitat, que "ahí también hay unas imputaciones por malversación". Dicho esto, ha señalado que se trata de una decisión judicial y ha subrayado que el Gobierno ha colaborado facilitando las facturas y los datos que les ha pedido tanto el Tribunal de Cuentas como el juez.

En concreto, el titular del juzgado número 13 de Barcelona ha ordenado que se registre la sede de Omnium Cultural y el domicilio y despacho en el departamento de Presidencia de la Generalitat de uno de los investigados por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre. En el marco de estas diligencias, el juez ha ordenado que se efectúe la detención como investigado de Antoni Molons, el que fuera secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat con el expresidente fugado Carles Puigdemont.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afirmado que se trata de "decisiones de los jueces" y ha añadido que en ese caso "también hay unas imputaciones por malversación".

NO PUEDE UTILIZARSE "EL DINERO DE TODOS"

Preguntada después qué ha encontrado el Gobierno cuando se ha hecho cargo del gobierno catalán, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, Sáenz de Santamaría, ha revelado que el Tribunal de Cuentas les ha solicitado facturas, "especialmente en el Diplocat" que el Ejecutivo ha "disuelto".

"Se las hemos entregado y, desde luego, hemos puesto a disposición de los jueces y del Tribunal de Cuentas cuando nos han pedido porque lo que no puede utilizarse es el dinero de todos para las aspiraciones políticas y legales de unos pocos", ha enfatizado la vicepresidenta del Gobierno.