El sargento acusado de narcotráfico en Almería denuncia "represalias" por denunciar irregularidades de altos mandos

Actualizado 24/04/2008 16:41:33 CET

ALMERÍA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor de M.P.L., sargento del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) acusado de colaborar con una red internacional de narcotráfico que introdujo al menos diez toneladas de hachís a través de la costa almeriense, achacó hoy la imputación a "represalias" derivadas de la denuncia por "acciones irregulares" que su cliente formuló contra altos mandos de la Comandancia.

Así lo reveló a los periodistas el letrado antes de la vista oral celebrada hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra M.P.L. y otros dos agentes del cuartel de Roquetas, C.A.P.J. y M.G.M., para los que el Fiscal pide un total de 17 años y tres meses de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos.

Los tres guardias civiles sostienen que su implicación en los hechos se debe a la "persecución" de la que fueron víctimas por parte de determinados mandos superiores a los que acusaron de actos "irregulares" en el acta de declaración de un expediente disciplinario que la Guardia Civil abrió contra ellos por otros "comportamientos anteriores".

No obstante los letrados pidieron a la Sala que preside Benito Gálvez que incluya en el sumario el auto de sobreseimiento en el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería archivó la denuncia contra los tres funcionarios por este comportamiento "irregular".

A su juicio, fueron estos altos mandos los que, tras la denuncia de los guardias civiles expedientados, comenzaron a aportar "datos falsos" dentro de una "auténtica locura" con el objetivo de inculpar a los tres imputados en las actividades de la banda de narcotraficantes.

Junto a los tres guardias civiles, se sientan en el banquillo otros dos presuntos miembros de la trama, H.M.M. y F.J.M.J., después de que el Ministerio Fiscal y la defensa pactaran el lunes pasado una pena total de 26 años y medio de prisión para otros 13 implicados, mientras que sigue en busca y captura otro imputado.

NULIDAD DE ESCUCHAS.

Durante el juicio, la defensa reclamó la nulidad de la mayor parte de las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación porque no fueron comunicadas al fiscal y porque incluso las realizadas entre el 13 y el 21 de julio de 2001 no contaban con la preceptiva orden judicial, aunque la Sala estimó sólo la nulidad de uno de los autos.

Asimismo, el abogado del acusado H.M.M. reveló que el informe del Instituto Nacional de Toxicología apuntó que las siete muestras tomadas de los 980 kilos de droga halladas en un camión interceptado el 6 de octubre de 2001 por su presunta vinculación a la red muestran que la sustancia incautada no se trata de droga, según el Convenio de la ONU.

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero y octubre de 2001 cuando los hermanos A.S.S., residente en Marbella (Málaga), y M.S.S., vecino de Motril (Granada), cabecillas de la red, organizaron, de común acuerdo con otras personas, la introducción de importantes cantidades de hachís desde la costa norte de Marruecos con embarcaciones tipo 'zodiac' a diferentes lugares de la geografía peninsular para su posterior distribución y comercialización en España o en la Unión Europea (UE).

Para sus ilícitas actividades, contactaron en Marruecos con el imputado H.M.M., que participaba en el suministro de la droga y organizaba el embarque en la costa marroquí, normalmente en la zona conocida como la Mar Chica.

En Almería, los cabecillas contactaron con los procesados J.M.F., J.M.S. F.J.M.J. y J.F.C.L., todos vecinos del Poniente, que participaban, en un nivel menor, en la organización del transporte de hachís tanto por vía marítima como por tierra una vez desembarcado, se proveían de personas para la descarga de la sustancia estupefaciente y se ocupaban de su almacenaje y posterior traslado a los puntos de destino.

En la trama, según el fiscal, tomaron también parte P.J.B.R. y J.B.P., afincados en Galicia y cuya labor consistía en contribuir a la organización de los transportes de hachís y pilotar en ocasiones las embarcaciones que se empleaban.

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