Los investigadores la relacionan con el bufete que ideó la estructura para desviar fondos del contrato con Angola en el que participaba Defex
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, detenida en Luxemburgo en una operación de la Guardia Civil contra una organización criminal acusada de defraudar cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola, será trasladada a España y declarará el próximo lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los investigadores relacionan a Beatriz García Paesa con un despacho de abogados luxemburgués que colaboró en el desvío de cantidades millonarias procedentes de ese contrato creando una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía del país europeo.
Se da la circunstancia de que su tío, que intermedió en la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, fue localizado por una agencia de detectives en noviembre de 2004 precisamente en Luxemburgo.
El nombre de Paesa apareció, además, en varias ocasiones en las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre la venta ilegal de armas en Angola por parte de miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
DETENCIONES EN DEFEX
La operación, bautizada como 'Angora', se ha saldado con un total de 10 detenciones. Además de García Paesa, han sido arrestadas en España otras 9 personas, entre ellas dos altos cargos de Defex, la comercializadora de los productores de armamento españoles dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata de su director financiero, Enrique Gómez Cuesta, y del apoderado Manuel Iglesias Sarrià.
También se encuentra entre los detenidos el expresidente de la empresa, José Ignacio Iglesias Charro, que ocupó dicho cargo entre 1991 y 2012, y varios empleados de la compañía Cueto Group International, entre ellos su directora del Departamento Internacional, Iciar de Yraola.
Defex y Cueto constituyeron en junio de 2008 la UTE ahora investigada para suministrar de equipamiento de la Policía Nacional de la República de Angola gracias a un contrato de 152 millones de euros. En aquel momento Encinas Charro, ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en Defex, que asumió en 1991 y mantendría hasta el año 2012.
Las pesquisas contra ellos comenzaron en 2013, cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo informaron de la llegadas de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. Según los investigadores, el contrato sirvió como pantalla para desviar una gran parte de su importe, en beneficio de personas que participaban en la UTE y de responsables de la adjudicación del contrato en Angola, con la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo.
LA SEPI OFRECE SU COLABORACIÓN
Este viernes, la SEPI ha ofrecido su "máxima colaboración" para aclarar los hechos y ha confiado en que los responsables de Defex en aquellos años acrediten y pongan en valor su actuación ajustada a la más estricta legalidad.
El holding público espera que la operación aclare lo sucedido cuanto antes "para no afectar a la reputación y a la actividad de esta empresa especializada en el comercio exterior". Defex es propiedad en un 51 por ciento de SEPI, mientras el 49% por ciento restante está en manos de socios del sector privado.
