MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) demanda al Defensor del Pueblo mediante un escrito que se persone en el Tribunal Constitucional TC en contra la "ley vasca de abusos policiales". Esta petición responde al hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez retirara el pasado 3 de Agosto dicho recurso, que había sido presentado por el ejecutivo de Mariano Rajoy.
El recurso de inconstitucionalidad se apoya en la vulneración de los derechos fundamentales al honor, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva; todos ellos recogidos en la Constitución. Pero también la vulneración de la distribución de competencias entre Estado y el Gobierno Vasco, de competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia.
Con el cambio de gobierno y los acuerdos alcanzados entre el PNV y el gobierno socialista de Pedro Sánchez, se anunció la retirada de estos recursos desde la administración central. El Consejo de Ministros, en su sesión del pasado 3 de agosto de 2018, acordó desestimar el recurso de inconstitucionalidad frente a esta ley, justificándose en la búsqueda de futuros acuerdos entre Gobierno Central y Ejecutivo vasco sobre determinados "retoques" a la Ley vasca.
Estos 'retoques' se relacionan con el Derecho a la verdad. Modificando el término 'constatar' por 'examinar' en lo que se refiere a las Comisiones de Investigación sobre torturar policiales, no se entiende si se vulneran o no estas competencias puesto que según el SUP y Víctimas del Terrorismo, esta maniobra ha consistido en "el sacrificio de la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la dignidad de las víctimas del terrorismo."
Este acuerdo carecería de validez puesto que según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, la Comisión Bilateral de Cooperación entre Madrid y el Gobierno vasco, no podría adoptar acuerdos más allá del plazo de los 9 meses, que, como máximo, puede demorar el Gobierno de España la interposición del recurso de inconstitucionalidad a contar dentro de los 3 meses siguientes desde la publicación de la Ley autonómica en el BOE y en el Diario Oficial de Euskadi.
En el recurso que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy en su día, se oponía a todo lo referente a las torturas policiales presentando un recurso de inconstitucionalidad a todo lo referido a supuestos abusos policiales y tortura, al que hoy se sigue frente a la Ley vasca de abusos policiales. Afloraba así una supuesta realidad sobre las torturas policiales que los Tribunales de Justicia no han sido capaces de determinar.
Finalmente el SUP hace mención al trato discriminatorio que están sufriendo por parte del sistema judicial, subrayando la igualdad todos los españoles ante el poder judicial. Además se alega que estos delitos, que afectan a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, serían juzgados por un 'sistema parajudicial'.
