El Supremo afirma que la condición de haber cumplido la mitad de la pena para acceder al tercer grado no es retroactiva

Actualizado 31/07/2006 17:55:22 CET

Ordena a la A. Nacional a dictar una resolución siguiendo este criterio y remite al TC, la inconstitucionalidad de la reforma del PP

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo establece en una sentencia que unifica doctrina en Vigilancia Penitenciaria que la condición de haber cumplido la mitad de la pena impuesta, cuando sea superior a los 5 años de cárcel, para acceder al tercer grado no es retroactiva, es decir, que no se puede aplicar a los condenados con anterioridad a la reforma del Código Penal del PP de julio de 2003, que estableció esa premisa.

El alto tribunal, que se pronuncia en relación con una denegación del tercer grado de la Audiencia Nacional, explica que no se puede aplicar esta normativa por hechos anteriores a la entrada en vigor de la reforma, porque es más perjudicial que la ley existente en el momento de la comisión del delito concernido y no ser posible "una interpretación extensiva en contra del reo".

En este sentido, declara no ajustada a derecho la decisión de la Audiencia Nacional de denegar un tercer grado al aplicar extensivamente la disposición transitoria de la reforma, prevista para los artículos 90 y 93 del Código Penal, al 36. Dicha disposición establecía que "será aplicable a las decisiones que se adopten sobre dichas materias" desde su entrada en vigor, "con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo pena".

Al preso que ha recurrido ante el Supremo la decisión de la Audiencia Nacional se le denegó el tercer grado porque no había cumplido la mitad de la pena impuesta, había sido condenado por hechos similares en Francia y no disponía de un puesto de trabajo seguro.

COMPETENCIA DEL CONSTITUCIONAL.

El recurso alegaba que la reforma de julio de 2003 del Codigo Penal en materia penitenciaria infringe los artículos 9 y 25 de la Constitución, porque vulnera el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables al reo.

El Supremo admite "el profundo calado de la denuncia que se efectúa, pues viene a equivaler denunciar la inconstitucionalidad de la disposición transitoria" que incluía la reforma, pero afirma que corresponde "al Constitucional, en exclusiva, la competencia de depurar el ordenamiento jurídico de aquellas normas que no están acordadas en la Constitución y correspondiendo a la jurisdicción ordinaria, la más concreta función de, si es posible, acomodar la interpretación de la norma penal a las exigencias constitucionales".

Como esta cuestión "sobrepasa y desborda los concretos límites y ámbito del recurso de unificación de doctrina en materia de vigilancia penitenciaria", el alto tribunal lo desestima, y estima el siguiente, relativo a la aplicación de la citada disposición transitoria.

LA NACIONAL, IGUAL QUE LAS PROVINCIALES.

Tras recordar que la Audiencia Nacional "está equiparada a una Audiencia Provincial, sólo que con competencia objetiva especializada y ámbito territorial estatal", sin ser superior, pasa a revisar los autos de las Audiencias de Madrid, Cádiz, Zaragoza, Barcelona y Vizcaya, que no aplicaron la obligación de haber cumplido la mitad de la pena impuesta para conceder el tercer grado a los condenados con anterioridad a la reforma.

La Audiencia de Madrid consideró que aplicar con posterioridad a su entrada en vigor esta condición supone, "de un lado, imputar al legislador el uso de vías oblicuas en materia como el derecho sancionador que se rige por el principio de lex certa, y de otro, concluir que esa vía oblicua es la forma de disimulo de lo que supondría una retroactividad nada inocua de una norma desfavorable y de contenido material genuinamente penal".

El Supremo entiende que la interpretación correcta de la disposición transitoria que establece tal condición es la de las Audiencias Provinciales, y la no ajustada a derecho es la de la Audiencia Nacional, por lo que anula la resolución recurrida y ordena a su Sección Cuarta de lo Penal a dictar otra resolución "ajustada a la doctrina que aquí ha quedado fijada".