El Supremo rechaza indemnizar a dos hombres encarcelados mes y medio porque se introdujo droga en su maleta

Actualizado 03/06/2006 14:22:30 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso interpuesto por dos hombres que solicitaban que el Ministerio del Interior les indemnizase con 1.356.000 euros por haber estado encarcelados durante un mes y 23 días, tras ser detenidos en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en octubre de 1994, cuando llegaban desde Panamá, porque llevaban en sus maletas 30 kilos de cocaína que dos empleados del aeropuerto del país americano habían introducido en sus equipajes sin que los pasajeros lo supieran.

El alto tribunal niega en su resolución la existencia de una "indebida actuación policial", como argumentaban las defensas en su recurso de casación, y sostienen que "nada cabe objetar a la actuación de la fuerza pública al detener a ambas personas, pues los indicios de la existencia del delito resultan obvios" en aquel momento.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid abrió una investigación el mismo día en que fueron detenidos, que fue concluido en octubre de 1995, al entender que dos empleados del aeropuerto facturaron sin su consentimiento una maleta con droga a nombre de los pasajeros, e introdujeron otras cantidades en sus equipajes. Además, señalaba que uno de los dos trabajadores fue secuestrado y al otro no se le pudo localizar.

Por todo ello, los pasajeros solicitaron que el Ministerio de Interior les pagase, en concepto de indemnización, la citada cantidad, que incluía el pago de los honorarios de sus letrados, de la procuradora, de un investigador privado, de otro notario en Panamá, de perjuicios laborales, de gastos telefónicos o de viajes de sus familiares a España.

Como el Ministerio no les indemnizó, reclamaron esta cantidad ante la Audiencia Nacional, que también rechazó su petición, por lo que acudieron al Tribunal Supremo. Éste ha considerado que no procede admitir su petición, porque las actuaciones policiales se basaron en los "sólidos" indicios que había contra estas dos personas y los agentes cumplieron en la detención con todos los requisitos legales.

RESPONSABILIDAD JUDICIAL, NO POLICIAL.

La sentencia subraya que, desde el mismo día de su detención, las decisiones fueron adoptadas por el juez y no por la Guardia Civil, por lo que la posible exigencia de responsabilidad "debería dirigirse contra las actuaciones judiciales, en vez de contra las policiales, lo que no se ha producido en este caso". También destaca que lo que los letrados de los recurrentes no especificaron en qué infracción legal consideran que ha incurrido la sentencia de instancia.

Después de recalcar "lo lamentable que resulta la privación de libertad de cualquier persona por tiempo que exceda del estrictamente necesario", la sentencia afirma que, "con la utilización de todos los medios en la investigación", podría "haberse reducido la privación de libertad de estas personas, mas no se considera acreditado que ello sea atribuible a una mala actuación de la Guardia Civil".

Tras poner a disposición del juzgado a los detenidos, la Guardia Civil "termina su actuación", y es "en el marco de la causa penal donde se dirige por completo" el resto de la instrucción, subraya el Tribunal Supremo.