El TC ordena repetir un juicio absolutorio por asesinato ya que la familia de la víctima carecía de abogado

Actualizado 22/10/2007 19:50:55 CET

Anula una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que el derecho a la presunción de inocencia primaba sobre la tutela judicial

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha ordenado la repetición de un juicio en el que se absolvió a dos personas acusadas de asesinato, robo con violencia y allanamiento de morada al considerar que se violó el derecho a la tutela judicial de la acusación particular, constituida por la hija y sobrina de la fallecida, que carecían de abogado al inicio de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz.

La decisión del alto tribunal anula una sentencia del Tribunal Supremo que consideró que el derecho a la presunción de inocencia de los dos acusados tenía más peso que el derecho a la tutela judicial de la acusación por lo que no debía someterse a los procesados a un segundo juicio después de haber sido absueltos.

El proceso se inició en 2002 tras el asesinato de Dominga Ramírez. La hija y la sobrina de la víctima se constituyeron como acusación particular aunque una vez señalada la vista oral su letrado y procurador desistieron de representarlas.

Las dos mujeres acudieron entonces al Colegio de Abogados de Cádiz para que se les designara a los profesionales que necesitaban, petición que fue denegada. El juicio se celebró en los días previstos sin que la hija y la sobrina de la fallecida contaran con representación legal y los dos acusados de la muerte, un hombre y una mujer, fueron absueltos.

CONFLICTO DE DERECHOS

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ahora queda anulada reconocía la violación del derecho a la tutela judicial de las perjudicadas pero agregaba que la anulación de la absolución supondría someter a los acusados a un segundo juicio. Esto generaría un conflicto de intereses y derechos fundamentales, de un lado el derecho a la tutela judicial efectiva y de otro el derecho a la presunción de inocencia, "debiendo prevalecer" el segundo de ellos en opinión del Supremo.

Este alto tribunal se decantó por hacer prevalecer el derecho a la presunción de inocencia tras realizar un ejercicio de ponderación de la entidad de los valores e intereses comprometidos y considerar el "peso" relativo de cada uno de ellos.

A este respecto la Sala Primera del TC destaca que la decisión del Tribunal Supremo implicó "desconocer" que cualquier resolución judicial debe dictarse "en el seno de un proceso respetando en él las garantías que le son cosustanciales". "De acuerdo con nuestra doctrina --destaca la sentencia-- esto supuso una nueva violación del derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes que se sumó a la ya cometida".

La sentencia del Tribunal Constitucional precisa que no cabe hablar en rigor de que los acusados van a ser sometidos a un doble proceso, ya que el que podría considerarse como primero queda anulado y la sentencia del juzgado gaditano no era firme.

Recalca que el hecho de que se ha producido una violación del derecho a la tutela judicial efectiva queda reconocido en la sentencia del Tribunal Supremo y agrega que "se produjo un quebrantamiento de las exigencias propias del correcto desarrollo del procedimiento, lo que limitó los derechos de la defensa de la parte y generó indefensión material".

Esto --explican los magistrados de la Sala Primera en su fallo-- deparó a las recurrentes "un perjuicio real y efectivo en sus derechos e intereses legítimos".

VOTO PARTICULAR

La sentencia cuenta con el voto particular de la presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, que discrepa de la mayoría y asegura que el Tribunal Supremo realizó una ponderación de derechos fundamentales "que no es constitucionalmente reprochable".

Casas destaca que el Tribunal Supremo y en concreto su Sala de lo Penal tiene la competencia en última instancia para para fijar el contenido y alcance de las normas que rigen el proceso penal de acuerdo a la Constitución.

La presidenta considera que debió primar la preservación de la sentencia absolutoria dado que cuestionar de nuevo la inocencia de dos personas acusadas de delitos muy graves generaría "inseguridad" y otros perjuicios como cargas personales y riesgo de desprestigio social.

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