El tribunal de garantías cuenta con instrumentos frente a posibles nuevos incumplimientos por una eventual investidura de Puigdemont
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) puede propiciar querellas, imponer multas e incluso suspender a los miembros de la Mesa del Parlament ante un eventual incumplimiento por éstos de la resolución que tendrá que dictar en los próximos días después de que el Gobierno haya anunciado que impugnará la propuesta como candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puidemont. Los dos primeros instrumentos ya se aplicaron a la Mesa presidida por Carmen Forcadell por los continuos incumplimientos de las resoluciones de este órgano que concluyeron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado a Europa Press que aún es pronto para hablar de que medidas concretas que podrían aplicarse, aunque por antecedentes no puede descartarse que el nuevo Parlament insista en incumplir sus resoluciones. La primera de ellas será, previsiblemente, la admisión de la impugnación anunciada este jueves por el Gobierno para evitar la celebración Pleno del Parlament de Cataluña en la que podría ser investido presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reclamado por la justicia por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
La mera admisión a trámite de este recurso, que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se presentará este mimo viernes, conllevará la suspensión de la sesión de investidura. En el caso de que la decisión no se acate, las mismas fuentes recuerdan que el TC acudirá al artículo 92 de su ley orgánica -reformada en octubre de 2015- y que le dota de instrumentos para facilitar la ejecución de sus resoluciones.
El citado artículo señala que el TC debe velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y para lograrlo puede recabar "el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos". Añade que las podrán promover incidente de ejecución -cosa que hizo el Gobierno cuando sus sentencias suspendiendo la ley de referéndum y otras norma sque aprobó el Parlament el pasado septiembre fueron ignoradas.
Los instrumentos con los que la Ley faculta a los magistrados del Tribunal Constitucional para poder ejecutar sus sentencias son: multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades que incumplan (se aprobaron en el caso de los miembros de la sindicatura electoral, aunque no se ejecutaron al dejar éstos sus cargos); la suspensión de funciones, la ejecución sustitutoria de las resoluciones y la deducción de testimonio par exigir "la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
Esta última facultad ya se aplicó a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlament que desoyeron al TC y siguieron adelante con la ley de referéndum y la propia declaración unilateral de independencia. La querella que presentó la Fiscalía por ello -por delitos de desobediencia y prevaricación- ha terminado acumulándose en el Tribunal Supremo a la causa en la que se investiga posible rebelión y malversación de fondos públicos de los responsables del denominado "procés" en Cataluña.
