Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 16/02/2010 18:53
La asociación red COMUNICA, formada por varios grupos de investigadores de distintas comunidades autónomas especializados en la traducción e interpretación judicial, exigieron hoy "calidad" y "cualificación" en los profesionales del sector debido a la "falta de garantías procesales" en los procedimientos jurídicos que están mediados por intérprete y que, según indicó, se vienen realizando en "la comunidad de Madrid".
A través de un comunicado, la asociación afirmó "coincidir" con las denuncias planteadas por la magistrada del juzgado de lo Penal de Madrid Pilar de Luna Jiménez y por la Asociación de Jueces para la Democracia, en todo lo relativo a la "indefensión" que puede ocasionar a un acusado que "no hable la lengua del tribunal" el hecho de "no contar" con los servicios de un intérprete "debidamente cualificado".
Así, red COMUNICA lamentó que el ministerio de Justicia, el de Interior y las comunidades autónomas han optado por "subcontratar" los servicios de traducción e interpretación judicial y policial a empresas privadas. Así, criticó que en numerosas ocasiones no se lleva el "oportuno control de los mismos" y avisó de que "lo que está en juego" es el derecho a la tutela judicial efectiva.
"Desafortunadamente en la prestación de este tipo de servicios parecen primar únicamente criterios de rentabilidad económica, tanto por parte de la Administración como de las empresas subcontratadas, frente a los criterios fundamentales como la acreditación profesional de los intérpretes", recalcó para subrayar que "estos problemas no se limitarían únicamente a las empresas adjudicatarias, sino que se extendería a los cuestionables procedimientos que sigue la Administración en la selección y contratación de los traductores".
Dicho esto, la red COMUNICA pidió a la Administración estatal y autonómica que "reflexionen" sobre las condiciones en que "actualmente" se prestan los servicios de traducción e interpretación en el marco de procedimientos penales de "carácter multicultural y multilingüismo". De esta manera, aseguró "ofrecer" su "asesoramiento" y sus "conocimientos" a "disposición de quien corresponda".