MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Transparencia Internacional España (TI-España) considera "un paso muy importante" la nueva directiva propuesta por la Comisión Europea para proteger a los denunciantes que informen sobre corrupción y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea (UE).
La Comisión Europea propuso una serie de medidas para establecer unos canales protegidos para los denunciantes y prohibir cualquier represalia contra quienes sacan a la luz irregularidades tanto en empresas privadas como en organismos públicos.
"La nueva directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer", estima el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, según ha informado en un comunicado.
Lizcano defiende que en España se pase del "concepto de chivato" al de denunciante "como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales".
UN 36% DENUNCIA REPRESALIAS
De acuerdo con la encuesta Global Business Ethics de 2016, un 36 por ciento de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia.
Por ello, los mecanismos incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará garantizada la confidencialidad.
Se considera un proceso de denuncias en tres niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona, a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si hay "peligros inminentes", entonces se prevé la utilización de los medios de comunicación.
La propuesta de la Comisión recoge la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE.
Por otra parte, las empresas y las instituciones públicas tendrán la obligación de responder a los informes de los denunciantes en un plazo máximo de tres meses desde que se hace la denuncia a través de los canales internos.
