MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Ceuntas reconoce que las comunidades autónomas hicieron un "esfuerzo" para reducir el número de entes, empresas y organismos que forman el sector público instrumental, aunque asegura que no se puede concluir que se deba directamente a la aplicación de las medidas de la Comisión para la racionalización de las administraciones públicas, CORA, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy de 2012 a 2015.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ha comparecido en el Congreso para presentar el informe de fiscalización global de las autonomías de los años 2010 a 2013.
Entre otras muchas conclusiones, estos trabajos señalan que el conjunto de empresas, fundaciones y consorcios de las comunidades pasaron de ser 1.221 entidades en 2011 a 901 en 2013, un "esfuerzo de reducción" que ha reconocido Álvarez de Miranda en su comparecencia.
Preguntado después por los grupos si esta reducción se debe a la aplicación de la CORA, que entre docenas de medidas proponía la eliminación de este sector instrumental, Álvarez de Miranda ha respondido que "no se puede llegar a esas conclusiones directamente".
Por lo demás, los informes repasan todos los capítulos de ingresos y gastos de las comunidades, el cumplimiento de la senda de estabilidad y de las obligaciones de rendición de cuentas. Entre otros aspectos, el Tribunal hace un análisis especial del gasto sanitario, en el que observa una "permanente insuficiencia" de los créditos iniciales para cubrir lo que se va a gastar en cada ejercicio.
"Al presupuestar no se puede ignorar la ejecución de gasto del ejercicio anterior, se debe partir de lo que efectivamente se ha gastado", ha recomendado Álvarez de Miranda.
PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN
La fiscalización del Tribunal de Cuentas también señala que en general se observa una "insuficiente justificación" de la necesidad de realizar contratos públicos, deficiencias en la definición y aplicación de criterios objetivos de adjudicación y "una incorrecta determinación" de las fórmulas para valorar y ponderar criterios.
Entre otras cosas, el órgano fiscalizador asegura que en plena crisis, en 2013, las empresas mejoraron significativamente sus ofertas, hasta alcanzar "valores anormales" y en algunos casos con "la calificación de temeridad" de los pliegos de licitación.
Y añade que hubo retrasos en las obras que se debieron a "imprevisiones y deficiencias" en la contratación, no a necesidades surgidas durante la ejecución.
