El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará pública su decisión sobre la anulación de listas de ANV el 7 de diciembre

Actualizado 29/11/2010 17:16:18 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará pública el próximo 7 de diciembre su decisión sobre las demandas presentadas en 2008 por Acción Nacionalista Vasca (ANV) contra la sentencia de los tribunales Constitucional y Supremo que anularon 133 candidaturas de la formación para los comicios de mayo de 2007 en Euskadi y Navarra.

ANV apuntó entonces que la actuación de los tribunales supuso "una violación" de tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el 10, relativo a la libertad de expresión; el 11, relativo a la libertad de asociación; y el 13 relativo al derecho a un recurso efectivo.

Además, en el caso de las elecciones al Parlamento de Navarra, ANV consideraba que se vulneró "el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio, que solamente es de aplicación en elecciones a una Cámara legislativa y que establecen la obligación de celebrar elecciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo".

En las demandas, ANV indicaba que "la actuación de los tribunales españoles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Europea" ya que, según destacaba, actuaron "sin tener en cuenta lo que el Tribunal de Estrasburgo ha manifestado en sus múltiples sentencias relacionadas con la libertad de expresión y la libertad de asociación".

La formación abertzale aludía en sus demandas a las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo y aseguraba que en ambos casos "se parte del reconocimiento que el propio Tribunal Constitucional realiza al negar que ANV sea un partido político mero sucesor o continuador del ilegalizado Batasuna, lo que se soporta además, de forma resumida pero elocuente, poniendo en conocimiento del Tribunal tanto la historia de ANV como los elementos (tanto objetivos como subjetivos) que no fueron tenidos en cuenta por los tribunales españoles a la hora de valorar las candidaturas anuladas".

Asimismo, denunciaba la "ingeniería jurídica", que en su opinión llegó a alcanzar "el fraude procesal", tanto por parte del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional para estimar las demandas del Abogado del Estado y la Fiscalía General del Estado que, "presentadas formalmente bajo el amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, fueron finalmente resueltas bajo la cobertura de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, llegando a establecer un procedimiento híbrido, mezclando ambas leyes".

"Ante la ausencia de una previsión legal que permitiera anular parcialmente unas candidaturas presentadas por un partido político legal, se utilizó una técnica, que el propio Tribunal Constitucional calificó de extravagante, consistente en sostener que una formación ilegalizada controlaba parte de las listas de ANV", señalaban los abogados de la formación.

También denunciaba que el Tribunal Constitucional no efectuara "un análisis individualizado" de cada una de las candidaturas cuya anulación se acordó, lo que "posibilitó que el Fiscal General de Estado pudiera manifestar "quizás nos hemos pasado, pero ha colado", poniendo de manifiesto el carácter político de la actuación del Estado contra ANV, así como la falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave".

OPERACIÓN POLÍTICA DE BATASUNA

El Tribunal Constitucional afirmaba en su sentencia en la que confirmaba la anulación por parte del Supremo de las 133 listas impugnadas que quedaba acreditada la existencia de "una operación política del llamado 'complejo Batasuna', en parte consumada, para utilizar, con fines de sucesión política, un elevado número de candidaturas del partido, legal hasta ahora, ANV".

La sentencia reconocía, no obstante que la disolución "pudiera haber resultado desproporcionada". Precisaba que la constatación de la utilización de las listas de ANV por parte del partido ilegalizado "no ha afectado al partido en sí mismo y sí sólo a las candidaturas por él presentadas que fueron objeto" de impugnación por el fiscal y la Abogacía del Estado.

Por ello consideraba que la decisión del Supremo "no puede tacharse de contraria a los derechos fundamentales" y en concreto al artículo 23 de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a las funciones y cargos públicos.

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