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MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no investigará al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por sus pagos al juez Baltasar Garzón para participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 al considerar que el presunto delito de cohecho está prescrito al haber transcurrido más de tres años.
En el auto dictado el pasado 4 de enero, el Tribunal Supremo declara que el presunto delito de cohecho "debe considerarse prescrito" y acuerda el archivo de la querella presentada por el abogado Javier Sotos contra el presidente de la entidad cántabra.
"Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos imputados hasta la presentación de la querella, es notorio que han transcurrido con exceso los tres años previstos en el artículo 131.1 del Código Penal para la prescripción", según concluye el auto.
El abogado presentó su querella el pasado 18 de noviembre ante el Tribunal Supremo, que juzga al antiguo juez de la Audiencia Nacional por los cobros recibidos de distintas empresas, al considerar que el presidente del Santander tuvo una "participación activa" en el delito de cohecho a Garzón.
"La razón de la entrega (del dinero) era exclusivamente el cargo judicial de quien sería beneficiado por ella", denunciaba Sotos, quien consideraba que estos hechos son constitutivos de un delito de cohecho sancionado con una pena de multa, prevista en los artículos 423 y 426 del Código Penal.
El querellante estimaba que esta participación quedó demostrada cuando Garzón, a los tres meses de reincorporarse a su juzgado en la Audiencia Nacional, archivó una querella presentada contra Botín y otros directivos de la entidad financiera. El juez está acusado en esta causa por los delitos de prevaricación y cohecho.
La Sala Penal abrió el 28 de enero de 2010 una causa para aclarar la relación del juez Garzón con un patrocinio del Banco Santander, que entregó 302.000 dólares para financiar los citados coloquios que se celebraron en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. La Fiscalía no ve delito en la actuación del magistrado y no le acusa en este procedimiento.