El TUE condena a España por no aplicar una ley europea de información y consulta de trabajadores

 

El TUE condena a España por no aplicar una ley europea de información y consulta de trabajadores

Actualizado 05/07/2007 13:23:58 CET

BRUSELAS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) falló hoy en contra de España en la denuncia que interpuso la Comisión Europea debido a que el Gobierno aún no ha traspuesto a la legislación nacional una directiva comunitaria sobre información y consulta de trabajadores y para lo que el plazo expiró en marzo de 2005.

El TUE dio la razón al Ejecutivo comunitario, que denunció a España como último paso del procedimiento de infracción que comenzó debido a que, una vez cumplido el plazo límite para transponer dicha directiva, Madrid no lo había hecho o, al menos, no había informado de ello a Bruselas.

La norma en cuestión fija una serie de requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo situados en la UE, para lo que se cuenta con la cooperación de empresarios y representantes de los trabajadores, que tendrán derechos y obligaciones recíprocas en interés tanto de la empresa como de los empleados.

Según se lee en la sentencia, en su última respuesta a las reclamaciones de la Comisión en diciembre de 2005, España respondió que "el anteproyecto de ley que contiene las medidas destinadas a efectuar dicha adaptación se está tramitando y se encuentra en la fase gubernamental, previa a su sometimiento al Parlamento".

No obstante, el TUE considera que la situación sobre la que cabe dictar sentencia es en la que se encuentre el país en cuestión al final del plazo de dos meses que le dio la Comisión antes de recibir la respuesta sobre la tramitación de la ley, por lo que estima que "ha quedado acreditado que, tras la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, el Reino de España no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la adaptación de su ordenamiento jurídico nacional a la Directiva". Considera, por tanto, que "el recurso interpuesto por la Comisión está fundado" y condena a España a pagar las costas del proceso.

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