MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha reclamado al Gobierno que ofrezca "seguridad jurídica" a los medios de comunicación privados a los que la Generalitat haya pedido difundir los anuncios de la consulta alternativa del 9 de noviembre, a la vez que ha instado a investigar la comisión de posibles delitos por parte del Govern.
En un escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, Rosa Díez señala que al Ejecutivo de Artur Mas "no le es suficiente retorcer la legalidad vigente para sus fines" utilizando los medios públicos catalanes para difundir la campaña de la consulta, sino que también quiere que los anuncios se vean en medios de comunicación privados.
En concreto, el Gobierno de la Generalitat se acoge a la ley catalana de Comunicación Audiovisual de Cataluña para imponer la difusión de los anuncios en las cadenas privadas de radio y televisión como "prestadores de servicios de comunicación audiovisual".
A su juicio, el Gobierno que preside Mariano Rajoy no sólo debe impugnar la consulta, como ha decidido este viernes el Consejo de Ministros, sino que "también debe utilizar todas las herramientas posibles para contrarrestar la campaña mediática que se está llevando a cabo desde las consejerías autonómicas para vulnerar la Ley".
En ese contexto, la líder de UPyD pregunta qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para recurrir la campaña publicitaria iniciada en las televisiones autonómicas públicas y cómo piensa garantizar "la seguridad jurídica" de los medios privados que no quieran retransmitir los mensajes.
CAMPAÑA ALTERNATIVA
Pero, además, pregunta al Gobierno si va a utilizar la misma ley catalana para obligar a todos los medios a difundir una campaña subrayando el carácter ilegal del 9N.
"¿Piensa utilizar el Gobierno el mismo artículo que el Govern para comunicar la flagrante ilegalidad que el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo y contrarrestar su acción?", señala Rosa Díez.
Por último, quiere saber si el Gobierno va a trasladar ésta y otras informaciones similares a la Fiscalía para que estudie la posible comisión de delitos penales por parte de los miembros del Gobierno catalán.
