MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su propia querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tres de sus consejeros y la Mesa del Parlamento catalán por la consulta soberanista celebrada el pasado día 9, imputándoles más delitos que los que ha determinado la Fiscalía General del Estado.
En concreto, la querella se presenta contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y los consejeros de Educación, Irene Rigau, y de Interior, Ramón Espadaler, así como la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, y otros otro cuatro integrantes de la Mesa del Parlament.
Los delitos que se les achaca son prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos y un bloque de delitos electorales, más que los cuatro que ha determinado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
La querella, que recoge la primera acción que UPyD presentó el 8 de octubre y sus sucesivas ampliaciones, consta de 59 folios a los que añade otros 900 de documentos probatorios. Se ha presentado en el TSJC porque el Supremo determinó que es el órgano pertinente para estudiar el asunto.
NO SE PUEDE ESPERAR A LA FISCALÍA
Según ha explicado en el Congreso la portavoz de UPyD, Rosa Díez, "la obligación de cualquier demócrata es defender el Estado de Derecho" y perseguir los delitos, y su formación ha entendido que debía presentar esta querella con independencia de que la Fiscalía formalice o no las intenciones expresadas por Torres Dulce. "Sin ley, no hay democracia", ha resumido.
UPyD ha enviado su querella al fiscal "por si le ilustra" pero considera que no debe esperar a que el Ministrio Público concrete sus acciones. De hecho, ha recordado que su formación ya emprendió acciones sobre Bankia o la venta de preferentes sin esperar a la Fuscaklía y ahí se ha mantenido.
La querella se ha presentado después de que el pasado jueves el Tribunal Supremo rechazara tramitar esta acción penal por falta de competencia, pese a que este partido consideraba que los hechos, por su trascendencia, afectan a todo el territorio nacional y debían ser investigados por el alto tribunal.
En el texto presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña UPYD insiste en que la convocatoria de la citada consulta, "lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad los agrava, muestra una voluntad de eludir los mecanismos de control y desconoce las más elementales exigencias de constitucionalidad", según manifestó el propio Consejo de Estado en su informe previo a la impugnación por el Gobierno.
RELATO DEL 9-N
Se incluye asimismo un relato cronológico de los hechos ocurridos el propio día de la consulta y que consideran delictivos, como la apertura de institutos y edificios públicos dependientes de la Consejería de Enseñanza, la facilitación de los medios materiales para realizarla y la presencia en las calles de "una ingente cantidad" de miembros del cuerpo de los Mossos d'Escuadra.
A estos actos se añaden las comparecencias ante los medios de comunicación del propio Mas y las de la vicepresidenta para ofrecer datos de participación. Afirman que el incumpliento del efecto suspensivo de la resolución del TC por parte de la Generalitat incurre en el artículo 87.1 de la ley que regula este órgano, que habla de "las responsabilidades a que ello pudiera dar lugar", entre ellas "obviamente las penales".
Otros delitos en principio concurrentes serían los electorales, "pues la actuación de la Generalitat al crear un censo electoral propio y al margen de cualquier tipo de procedimiento legal "invade y conculca las competencias de la Oficina del Censo Electoral" .
Además insisten, como se indicaba en la querella original, en que "la Generalitat ha destinado importantes fondos públicos a la preparación de la consulta", una parte del os cuales ha sido ya efectivamente desembolsado, tanto con destino a empresas de Cataluña como del resto de España.
Como diligencias de prueba solicitan la declaración de los querellados y que se requiera a la Intervención General del Estado a fin de que emita un informe sobre los hechos contenidos en esta querella "con indicación de la fecha de las distintas actuaciones y las disposiciones patrimoniales de fondos públicos destinados a los mismos, indicando su origen y su eventual soporte legal y financiero".
