Pide a la Sala que resuelva "al margen de los prejuicios" del juez Andreu, que acusó a la formación de querer buscar "notoriedad"
MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha vuelto a pedir el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato argumentando que sus viajes a Suiza no son "meras hipótesis", como apuntó el juez Fernando Andreu, sino "un hecho cierto, objetivo y verificable".
Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación magenta pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano jerárquicamente superior a los instructores, que revoque el auto dictado el pasado 15 de diciembre por Andreu en el que rechazaba la medida y acusaba a esta parte de buscar "notoriedad" formulando esta petición.
Frente al argumento de que el riesgo de fuga, reiteración delictiva o sustracción a la justicia por parte de Rato eran "meras hipótesis" realizadas por la acusación, según el juez Andreu, UPyD señala en su recurso que es "un hecho cierto, objetivo, verificable y de dominio público" que Rato viajó a Suiza, al menos, los días 23 de octubre y 26 de noviembre.
A este respecto la formación recuerda que en esas fechas Rato tuvo que prestar una fianza de tres millones de euros en la pieza sobre las tarjetas opacas de la entidad, lo que "permite aventurar", según sostiene el recurso, que "puede tener un importante patrimonio en el extranjero".
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, pide a la Sala que, al margen de los "prejuicios que parece albergar el juez instructor hacia esta acusación popular", resuelva su petición mediante "argumentos jurídicos fundados", entre los que cita la "elevada" penalidad y responsabilidad civil a la que Rato se enfrenta, el "avanzado" estado de la instrucción y la existencia de otras investigaciones sobre su persona, como la de las tarjetas y la del pago de seis millones de la empresa Lazard.
En este sentido, destaca que la medida de prisión se pide "de la forma más prudente posible", toda vez que podría solicitarse respecto de todos los imputados y, sin embargo, únicamente se circunscribe a la persona de Rato, "del que no hay dudas que ostentaba el dominio del hecho delictivo" y al cual el informe de los peritos del Banco de España achaca haber gestionado la entidad con "enorme opacidad".
FIANZA CIVIL DE MÁS DE 4.000 MILLONES
El partido de Rosa Díez también insiste en pedir que se imponga a todos los imputados en la causa una fianza solidaria de 4.112 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Argumenta que, aunque las acusaciones populares carezcan de legitimación para pedir esta medida por no ser las afectadas directas por el delito, como explicó Andreu, "es una obligación del juez acordarlas de oficio en cuanto constate la existencia de indicios de criminalidad".
En este sentido, señala que el propio Andreu refirió en su último auto la "existencia de fundados y racionales indicios de criminalidad" contra Rato por delitos societario y relativos al mercado y los consumidores.
Del mismo modo, UPyD considera "incomprensible" que el mismo juez instructor que estableció fianzas civiles para Rato y su predecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa, por el uso de las 'tarjetas black' se resista a hacer lo propio en el procedimiento principal, a pesar de que "la gravedad sea mucho mayor (por lo menos desde el punto de vista de cuantitativo) y de que los indicios delictivos sean incuestionables".
CRÍTICAS DE ANDREU
Andreu rechazó el ingreso en la cárcel de Rato en una resolución en la que advertía a UPyD de que la búsqueda de "la ejemplaridad, el escarmiento, la eficacia o la tranquilidad social" no pueden perseguirse "mediante la adopción de medidas cautelares, cuyos fines no pueden ser los de anticipar el cumplimiento de una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad por parte de quien interesa del juez que se adopten estas medidas".
UPyD realizó su petición después de que se diera a conocer un informe de los peritos del Banco de España que determinaba que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato, y las que reformuló en mayo de ese año, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, "no expresaban la imagen fiel" del banco.
El informe señalaba que tanto en los balances de Rato, que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros, como en las de Goirigolzarri, que apuntaban a unas pérdidas de 2.979 millones, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".
