Víctimas del franquismo acusan a la portavoz del CGPJ de darles "un trato degradante" y desconocer la Ley de Memoria

Actualizado 29/02/2012 17:28:12 CET

Enviarán una copia de la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas a Rajoy, Ruiz-Gallardón, Dívar y Bravo

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha acusado este miércoles a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, de dirigir un trato "degradante" a los familiares de los desaparecidos y ha criticado su "profundo" desconocimiento de la Ley de la Memoria Histórica, que reconoce el derecho de las víctimas a acudir a los tribunales.

Así se ha expresado la asociación en un comunicado después de que Gabriela Bravo afirmara el martes, que de forma particular, consideraba que cualquier actuación relativa a la investigación de crímenes franquistas debe circunscribirse al marco de la Ley de Memoria Histórica, tras ser preguntada si la vía judicial estaba agotada para instruir estos casos.

En este sentido, la organización ha recordado que la disposición adicional segunda de la Ley de la Memoria Histórica establece que "las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".

De este modo, ha destacado que la disposición admite el derecho de las familias a acudir a la administración de justicia y ha mencionado además los convenios internacionales suscritos por España.

Precisamente, ha recordado que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España, determina en su artículo 12.2 que cuando hay "motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada", las autoridades "iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal".

La Convención, añade, que "la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad" y "entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable".

"INTROMISIÓN" PREVIA AL PRONUNCIAMIENTO DEL TS

Por todo esto, la ARMH considera una "intromisión" las declaraciones de la portavoz del Poder Judicial, máxime cuando el Tribunal Supremo tiene aún pendiente de resolver el conflicto de competencia sobre los órganos que deben investigar los crímenes del franquismo.

"Resulta sorprendente que Gabriela Bravo sin respetar a las víctimas, ni a la independencia del Supremo, anticipe que ningún juzgado será competente para investigar las desapariciones del franquismo", ha concluido.

Puesto que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no es aplicada en España, la asociación hará llegar una copia por registro al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar y a la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.