El juez acusa de "fraude procesal" a Um Air por cuestionar las conclusiones de la Comisión de Accidentes

Actualizado 01/02/2006 20:10:24 CET

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Angel Dolado, que dictará la sentencia del juicio civil del Yak-42 para determinar la presunta responsabilidad civil de varias empresas en el accidente que costó la vida a 62 militares españoles el 23 de mayo de 2003, denegó hoy --por ser un "fraude procesal"-- una solicitud de Ukranian Mediterranean Air (Um Air) que cuestiona la validez del informe de la Comisión Internacional de Accidentes que responsabiliza del siniestro, en parte, a esta empresa aeronáutica.

Ángel Dolado, ha dictado hoy una providencia en la que rechaza el fax enviado a su Juzgado el pasado 27 de enero, dos días después de que concluyera la vista oral en la Feria de Muestras de Zaragoza, desde la oficina principal de Um Air. Este fax reproduce un escrito de la Administración Estatal de Ucrania para la Seguridad Aeronáutica sobre la solicitud a este Juzgado para que se valore la "falta" del informe final de la Comisión Internacional.

Este escrito señala que sin el informe final es "imposible" determinar las verdaderas causas del accidente y, por lo tanto, exculparía a Um Air de toda responsabilidad civil. Um Air expresa que se debe aclarar si el informe elaborado por la Comisión Internacional el 29 de julio de 2005 es el informe final o preliminar.

"FRAUDE PROCESAL"

Dolado señala en la providencia que el fax que llegó al Juzgado el 27 de enero de 2006 salió de la oficina principal de Um Air, mientras que la autoridad estatal ucraniana de seguridad aérea no se dirigió directamente a esta instancia judicial.

Además, según las pesquisas realizadas por el personal del Juzgado, el documento está "enmendado", como parece demostrarlo el hecho de que no hay fecha mecanografiada, sino que está manuscrita "por persona desconocida". Esta fecha del documento sería la del 26 de enero.

Estos hechos llevan al magistrado Dolado a considerar que las operaciones realizadas para que el Juzgado incluya este documento entre los elementos a valorar para emitir la sentencia constituyen "una estrategia procesal fraudulenta" ejecutada con "mala fe procesal" de la compañía aérea. De hecho, el juez afirma que el escrito ha sido "indicado" por Um Air, más cuando el Juzgado "nunca" se ha dirigido a la autoridad aérea ucraniana.

Por tanto, "no reconocemos eficacia probatoria alguna a dicho escrito", se indica en la providencia. El Juzgado no admite a trámite otro fax enviado al Juzgado por el letrado de UM Air, Rodolfo González Lebrelo, en el que el abogado entiende que no existe el informe final. Este fax "no reúne los requisitos procesales de una diligencia final ni es un hecho nuevo o de nueva noticia".

Ángel Dolado se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 286.1 establece que, en todo caso, este tipo de documentos deben hacerse llegar al Juzgado antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, lo que no habría ocurrido en este caso.

El magistrado insiste en valorar esta actuación de Um Air como un intento de cometer "fraude procesal", puesto que "no es creíble" que desde el 9 de enero de 2006 en que se entregó el informe de la Comisión Internacional del 29 de julio de 2005 hasta el 26 de enero de 2006, la demandada Um Air, "que ni siquiera compareció a la práctica de interrogatorio de parte, no tuviera conocimiento del 'presunto documento' de las autoridades ucranianas de seguridad aeronáutica".

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza recuerda que durante la vista oral, la defensa de Um Air no cuestionó la validez formal del informe emitido por la Comisión Internacional el 27 de julio de 2005, "remitido por el Ministerio de Defensa, debidamente compulsado y traducido". Por esta causa, "no podemos acceder a la suspensión del plazo para dictar sentencia".

Ángel Dolado deja la puerta abierta a la revisión de la sentencia que se emita desde su Juzgado, como permite la legislación española, pero reitera que "lo que no podemos aceptar es una especie de investigación penal para llegar a una verdad auténtica, ya que el proceso civil es valoración de las pruebas practicadas hasta el momento de dictar sentencia, al menos, con respecto a la primera instancia".

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