PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento, que este martes tenía previsto dictaminar el proyecto de Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha aprobado la constitución de una ponencia para, advertidos por los servicios jurídicos, someter a estudio la adscripción del Consejo de Transparencia de Navarra al Parlamento y las atribuciones de dicho órgano sobre la actividad de la Cámara.
La ponencia, que tras quedar formalmente constituida se ha reunido de inmediato, deberá dilucidar si avala o no y en qué términos la vinculación del Consejo de Transparencia de Navarra al Parlamento, así como los actos parlamentarios que estarían sometidos al escrutinio de dicho órgano, tal y como se contempla en el proyecto de Ley remitido a la Cámara.
La ponencia que preside Unai Hualde está integrada, además, por Sergio Sayas (UPN), Patxi Leuza (Geroa Bai), Arantxa Izurdiaga (EH Bildu), Rubén Velasco (Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia (PSN), Javier García (PPN) y Marisa de Simón (I-E).
Una vez concluido el informe de la ponencia, se prevé que la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sea debatida en Comisión la semana que viene. Se han presentado 36 enmiendas parciales, 27 a cargo del PSN, 54 de UPN y 5 suscritas conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.
Por otra parte, también a instancias de los servicios jurídicos, la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha aprobado el desglose del título IV del citado proyecto de Ley, la ética y la transparencia en la acción del Gobierno (artículos 47-51), por entender que afecta a la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre del Gobierno de Navarra y de su Presidente, que es de mayoría absoluta y compete a la Comisión de Régimen Foral. Ninguno de los artículos afectados ha sido objeto de enmienda.
El proyecto de Ley Foral remitido por el Ejecutivo tiene por objeto "regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno para, a partir de la difusión de la información que generen los sujetos obligados, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que asegure el buen gobierno, todo en aras a favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía".
