PAMPLONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local emitieron informe favorable al anteproyecto de ley foral de residuos y su fiscalidad en la sesión celebrada por dicho órgano en la tarde de este miércoles.
Junto a la valoración globalmente positiva, plantearon, no obstante, algunas cuestiones y dudas sobre varias disposiciones de la misma. Las entidades locales basaron su voto afirmativo en el hecho de que el texto es, en buena medida, trasposición de la Directiva Marco comunitaria de residuos, y se basa en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, que recoge los objetivos y las políticas en esta materia.
La ley regula la gestión de los residuos con objetivos de carácter medioambiental, tendentes a desincentivar el vertido, bonificando o penalizando dicha gestión en función del volumen de impropios (la parte que no se recicla), mediante la creación de un impuesto. Lo recaudado por este impuesto nutrirá un nuevo fondo que financiará actuaciones de mejora.
La norma efectúa también una distribución de competencias en materia de residuos entre las Administraciones Públicas de Navarra, foral y locales, y establece un ente al que se le atribuyen competencias de coordinación en la gestión de dichos residuos y otras complementarias, y prevé que pueda asumir las competencias que le deleguen las entidades locales.
Como se ha señalado, las entidades locales emitieron informe favorable al anteproyecto al compartir los objetivos medioambientales del mismo y teniendo en cuenta que muchas de sus previsiones son trasposición de la Directiva Marco comunitaria y aplicación del Plan de Residuos. Sin embargo, pusieron de manifiesto algunas cuestiones que les preocupan especialmente, según ha informado la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Así, en relación con el impuesto, plantearon dudas sobre aspectos de su liquidación. Por ejemplo, manifestaron que la ley debería determinar los criterios para la repercusión del mismo en las entidades locales gestoras de los residuos y expresaron su reserva sobre la posibilidad de cuantificar individualmente la fracción resto para cada una de ellas, al depender ello de los centros de tratamiento.
Igualmente, plantearon varias cuestiones relacionadas con la repercusión del impuesto en las tasas que terminan pagando los ciudadanos y las empresas. Y en relación con ello, pusieron de manifiesto también que "resultará difícil" hacer recaer el impuesto en función de la mayor o menor contaminación generada individualmente.
Por último, respecto al nuevo ente de coordinación (hoy existe el consorcio de residuos), las entidades locales manifestaron sus críticas por el hecho de que el texto del anteproyecto no perfile su forma jurídica y ni concreta si la integración en el mismo será obligatoria o voluntaria para las entidades locales.
