Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/01/2010 19:03
La Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (Fadie) expresó este sábado su "total respaldo" a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de plantear una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 92.8 del Código Civil, que establece que cuando un progenitor pida la custodia compartida de los hijos, y el otro la rechace, será necesario un informe favorable del fiscal para que el juez la conceda.
Según informaron desde Fadie en un comunicado, esta es la segunda vez, después del recurso interpuesto en Las Palmas, que una Audiencia Provincial "pone en duda la constitucionalidad de este apartado de la ley de Divorcio referente a la necesidad de que la Fiscalía se pronuncie a favor de la custodia compartida para que el juez pueda concederla".
Desde la Federación andaluza recordaron que a finales de junio de 2005, antes de aprobarse el texto definitivo de la ley del Divorcio, el Senado "acordó no exigir la condición preceptiva del informe favorable a la custodia compartida por parte de la Fiscalía", pero que, sin embargo, "el grupo socialista votó en el Congreso al revés de lo pactado".
"El entonces ponente socialista de la ley, Julio Villarubia, pretendió justificar el error de la votación argumentando que estaban muy cansados y no sabían lo que votaban. Pero lo cierto es que sí lo sabían, hasta el punto de que tras prometer que lo iban a corregir de inmediato, han pasado casi cinco años y la opinión del Fiscal continúa atando al juez de pies y manos", lamentó la Fadie.
Según la federación andaluza, la ley de Divorcio tiene también "otras trampas muy sutiles y ocultas entre sus líneas" como "el crecimiento indecente del numero de procesos de divorcio y asuntos civiles, que se resuelven en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, por la vía penal, porque la Ley de Divorcio, que en su exposición de motivos prometía regirse por el principio de corresponsabilidad parental, impide la guarda conjunta cuando exista una denuncia por maltrato, atentando de manera flagrante contra el principio de presunción de inocencia".
Así, Fadie criticó que esta ley "tiene demasiados condicionantes que aniquilan el principio de corresponsabilidad, y que no hacen sino fomentar el desacuerdo y cronificar los conflictos derivados de una ruptura, con las devastadoras consecuencias que éstos producen sobre los menores".
"Esta lesiva redacción hacia los derechos fundamentales, unida a la práctica jurídica inercial y machista de asignar la custodia exclusiva a la madre, promueve en esta un conflicto interesado que le otorga derecho de veto en un proceso al que el padre se presenta como convidado de piedra", concluyeron desde la organización.