Foto: EUROPA PRESS
Alli ha presentado también medidas de control del fraude
PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha presentado una serie de medidas que adoptará el Ejecutivo foral para intensificar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que tienen las personas que perciben la Renta de Inclusión Social (RIS).
Según lo anunciado por el consejero, el Gobierno supervisará que los beneficiarios de la RIS no tienen la posibilidad de disponer de otras prestaciones sociales, como las que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM); que residan de forma continuada y permanente en la Comunidad Foral, o que escolaricen a sus hijos. También pondrá el acento en el compromiso de formación y de búsqueda activa de empleo que tienen los perceptores de la RIS.
Las iniciativas presentadas por el consejero de Políticas Sociales, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Navarra, también incluyen medidas de control del fraude en el cobro de estas ayudas sociales, como la lucha contra la economía sumergida y la vigilancia de separaciones conyugales o sentimentales ficticias.
El Gobierno de Navarra invirtió el año pasado 37,5 millones de euros en la Renta de Inclusión Social, que la recibieron 9.472 familias, con un total de 22.278 personas. Además, se concedieron otros 1,7 millones en ayudas extraordinarias a 1.661 familias. Para 2014 el Departamento de Políticas Sociales prevé que se puedan alcanzar los 50 millones de euros invertidos en la RIS.
El objetivo de estas medidas, que podrán conllevar la reducción o supresión de la RIS, es garantizar que los recursos públicos lleguen a las personas y unidades familiares que "realmente lo necesitan", tal y como ha expresado Alli, que ha estado acompañado por el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto.
En este plan de acción colaborarán con el Departamento de Políticas Sociales los departamentos de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, de Presidencia, Justicia e Interior, y de Educación; la Delegación del Gobierno; y las entidades locales, a través de los Servicios Sociales de Base y las unidades de barrio, en el caso de Pamplona.
Mariano Oto ha señalado que "la mayoría de las personas que perciben la renta de inclusión social realmente la necesitan", para añadir que los casos de fraude "son muy particulares, muy tasados". "Pero el nivel de tolerancia debe ser cero porque así nos lo exigen los ciudadanos como los servicios sociales de base", ha dicho.
LAS MEDIDAS, AL DETALLE
Según el plan de medidas para el control de la Renta de Inclusión Social que ha presentado el consejero, el Gobierno centrará su atención en el cumplimiento de la obligación que tienen los perceptores de residir de forma permanente y continuada en la Comunidad foral durante el periodo de prestación, entre ellos aquellos que tienen doble nacionalidad. También se exigirá que los menores de la unidad familiar que recibe la RIS estén escolarizados y asistan de manera activa, continuada y permanente a su centro educativo.
Además, se interesará por las unidades familiares a las que se les haya retirado prestaciones estatales por irregularidades tras la labor inspectora del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o por no acudir a las citas presenciales de seguimiento. El Ejecutivo foral también prestará atención al seguimiento de los acuerdos de incorporación socio laboral que firman los perceptores de la RIS, teniendo en cuenta las acciones de formación que realicen y que lleven a cabo una búsqueda acreditada de empleo.
Por otra parte, el Gobierno de Navarra analizará la retirada o no concesión de la RIS a aquellas personas con sentencia firme en contra que esté relacionada con delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), violencia contra la mujer, delincuencia violenta o robos con violencia e intimidación.
CONTROL DEL FRAUDE Y GRUPO DE TRABAJO
En cuanto al control del fraude en el cobro de la RIS, el Gobierno de Navarra comprobará la veracidad de las separaciones conyugales o sentimentales, los casos de personas que conviven con su compañero sentimental y dicen no mantener ningún tipo de relación (así pueden recibir ambas personas la renta con carácter independiente), y los empadronamientos.
También se inspeccionarán situaciones de economía sumergida como personas que trabajan y el empleador solo declara un cuarto o la mitad de la jornada, autónomos que cesan su negocio pero siguen trabajando, personas dedicadas a la venta ambulante que dicen tener unos ingresos inferiores a los reales, o personas que trabajan en otros países europeos, especialmente en Francia, y no declaran sus ingresos.
Durante 2013, el Departamento de Políticas Sociales retiró la Renta de Inclusión Social a 68 unidades familiares por incumplimientos, en su mayoría relacionados con el ocultamiento de datos relevantes sobre su situación económica y con la falta de compromiso en la consecución del acuerdo de incorporación socio laboral (basado en el interés por la formación y la búsqueda activa de empleo) que suscriben todos los perceptores. No obstante, el Departamento calcula que son unas 250 familias perceptoras de la RIS quienes incumplen las obligaciones que conlleva esta prestación.
Por otro lado, en fechas próximas se creará un grupo de trabajo entre los técnicos del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas de su Departamento y los Servicios Sociales de Base para analizar toda la casuística existente en torno a la RIS y optimizar los recursos económicos bajo el principio de la justicia distributiva. Este grupo también tomará medidas en conjunto para garantizar que los recursos económicos llegan a las personas en exclusión o en riesgo de ella.
PUESTO NÚMERO 14 EN LA UE
Durante su comparecencia, el consejero de Políticas Sociales también se ha hecho eco de los últimos datos de Eurostat que sitúan a Navarra como la región europea número 14 en cuanto al menor número de personas en riesgo de exclusión o pobreza, con el 13,3 por ciento de su población en esta situación. La siguiente región española es el País Vasco, que ocupa el lugar número 50. Cabe destacar que en el estudio correspondiente al año anterior, la Comunidad foral figuraba en el puesto número 31, con el 15,4 por ciento de la población en riesgo de exclusión o pobreza.
Para realizar este ranking, Eurostat ha empleado la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que combina factores de renta, de privación de bienes materiales y el número de personas que trabajan por hogar. Este organismo europeo realiza esta estadística con base a los datos proporcionados por los países miembros, en el caso de España por el Instituto Nacional de Estadística, ha informado el Gobierno en una nota.
"A MÁS FAMILIAS"
En otro orden de cosas, después de que profesionales de los Servicios Sociales de Base dijeran en el Parlamento que la nueva RIS "no resuelve la realidad de muchas familias", Alli ha señalado que la modificación de la ley que regula la renta de inclusión social "ha propiciado medidas de mejora para llegar a más unidades familiares que están en riesgo de pobreza o de exclusión social". El consejero ha valorado que "se está llegando a muchas más familias".
