PAMPLONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra incorporará 29 prestaciones o servicios en la reforma de la Cartera de Servicios Sociales, de los cuales 18 van a pasar a ser garantizados.
Un "salto cualitativo" tras "diez años sin reformas de calado" que supone "más derechos, más y mejores servicios, y más flexibilidad en la concepción de los mismos", ha valorado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, que ha presentado este viernes en rueda de prensa el borrador de decreto foral que regula estos servicios y prestaciones. El documento se publicará el próximo lunes en el portal de Gobierno Abierto para recoger las aportaciones de la ciudadanía.
El consejero ha estado acompañado por representantes de las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno de Navarra: Isabel Aramburu (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra). "Estamos ante un avance social muy importante, tras diez años sin reformas de calado, y después de años de recortes serios en la aplicación de la cartera original de 2008", ha destacado Laparra, que ha agradecido el "trabajo interno" de los técnicos de su Departamento y del cuatripartito para alcanzar esta propuesta que "podrá enriquecerse con las aportaciones ciudadanas en el proceso de participación que ahora abrimos".
La principal modificación planteada para la Cartera de Servicios Sociales es que prestaciones que no estaban garantizadas en la formulación de 2008 pasan a serlo. Algunos de los servicios que pasan a ser garantizados son: el servicio de orientación familiar, mediación familiar, punto de encuentro familiar y centro de día de menores.
Además, se incluyen ocho nuevas prestaciones y servicios, todas ellas garantizadas, principalmente en los ámbitos de la dependencia y la inclusión social o la protección a víctimas de violencia de género y menores. Destacan especialmente: el servicio de productos de apoyo (servicio de orientación y asesoramiento), universal; la oficina de vida independiente (para personas con discapacidad y personas dependientes); los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia; un servicio de intervención familiar para personas con discapacidad; una ayuda económica de libre disposición, para aquellas personas sin recursos económicos que ingresan en un centro residencial, para asegurar una cuantía que permita cubrir gastos básicos (mayores, discapacidad, enfermedad mental); una ayuda de apoyo a la integración familiar y social para personas con enfermedad mental.
En el ámbito de menores, se añade el servicio de acogimiento residencial especializado, un servicio de acogimiento familiar de fines de semana y vacaciones pensado preferentemente para aquellos menores que se encuentran en acogimiento residencial y un servicio de apoyo a madres adolescentes en situación de desamparo. Además, se regulan las ayudas asociadas a todos los tipos de acogimiento familiar, incluyendo las familias de urgencia y las familias extensas. En el área de atención a personas víctimas de violencia de género, se añade un servicio de acogida para víctimas de trata.
Otras once prestaciones que hasta ahora no figuraban en la Cartera pasan a formar parte, aunque con la característica de no garantizadas por la administración. Se trata, principalmente, de servicios y prestaciones económicas para viviendas con diferentes grados de apoyo que permitan una vida autónoma a personas con discapacidad.
Además, se garantiza el derecho a las prestaciones no sólo por el grado de dependencia o reconocimiento de discapacidad, sino por la necesidad presentada. Es el caso de los servicios para personas con enfermedad mental, para los que desaparecen las exigencias de discapacidad o dependencia, y se facilita el acceso a través de los informes pertinentes. Lo mismo ocurre para el acceso a plazas residenciales psicogeriátricas.
También se garantiza el servicio de teleasistencia de forma universal por razones de necesidad. Desaparece además la limitación de los 65 años para el acceso a algunos servicios (de discapacidad y enfermedad mental), siendo la valoración de las necesidades la que justifica el recurso idóneo para una persona.
El catálogo de servicios sociales también aportará cambios en su estructura. Se incorporan novedades en las áreas de atención a la dependencia, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental y en la atención a menores. Se ha mantenido el esquema de fichas de la cartera por áreas específicas, si bien se han fusionado algunas fichas que tenían un contenido muy similar. También se han modificado los requisitos de acceso y la intensidad de los servicios incrementando la frecuencia en el apoyo a las familias.
La formulación del nuevo decreto foral recoge varias adecuaciones del lenguaje, como la sustitución del término minusvalía por el de discapacidad, siguiendo las recomendaciones de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad. Del mismo modo, en los servicios del área de menores se ha modificado la terminología para adecuarla a lo establecido en la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
En el área de inclusión y protección social se han realizado modificaciones en la mayor parte de los servicios que se proporcionan. De los 27 servicios y/o prestaciones se han modificado 17, se han mantenido 9 y una de ellas se ha incorporado a otra prestación. Se trata de las ayudas económicas para gastos de libre disposición a personas que reciben tratamiento en comunidades terapéuticas que pasa a formar parte de la prestación de ayudas extraordinarias de inclusión social.
Se han incorporado a la Cartera dos servicios nuevos como garantizados. Son el Servicio de Atención y Asesoramiento en materia de extranjería para personas migrantes y el Servicio de Mediación Comunitaria Intercultural.
También se ha modificado el Servicio de Atención domiciliaria municipal en el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, para ajustarlo al Real Decreto 1051/2013 por la que se regulan las prestaciones del sistema de la Ley de Dependencia.
EL CUATRIPARTITO VALORA LOS "IMPORTANTES CAMBIOS" EN LA CARTERA
La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha destacado que la reforma de la Cartera de Servicios Sociales "es una prueba de que el Gobierno del cambio sigue cambiando cosas" y "constituye sin duda un paso relevante en el ámbito social en Navarra". Ha valorado, además, que "supone seguir avanzando en los derechos sociales de la ciudadanía" así como la "repercusión directa que esa progresión tiene en las personas que están en situación de vulnerabilidad".
Por su parte, la representante de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde, ha resaltado los "importantes cambios" incluidos en esta reforma que "avanza en el aumento de derechos y en una atención acorde a las necesidades individuales de cada una de las personas".
Mikel Buil, de Podemos, ha destacado la "modificación expansiva" de una Cartera de Servicios Sociales que estaba "anticuada y obsoleta" después de "10 años de recortes y de paralización". Una reforma, ha continuado, que "recoge todo el avance legislativo desarrollado por las fuerzas del cambio en estos tres años a fin de adaptar las políticas sociales a una perspectiva de derechos y no a una más caritativa".
Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha hecho una valoración positiva de la reforma que supone "un paso adelante importante y una mejora sustancial de los contenidos". "Mientras la oposición no hace más que mirar al pasado e instalarse en el ruido, aquí el cambio está instalado en el trabajo y en el cumplimiento de los compromisos que tenemos", ha remarcado.
