Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/09/2008 16:49
Navarra, Asturias, Andalucía, y País Vasco son las comunidades autónomas que cuentan con los mejores servicios sanitarios de ámbito público de todo el país, según se desprende de las conclusiones del informe 2008 sobre los servicios sanitarios de las CCAA, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) al objeto de detectar las desigualdades en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias.
En dicho documento se ha elaborado una clasificación a partir de diversos datos de 2007 y 2008 de cada comunidad, tales como el gasto sanitario y farmacéutico per cápita, el número de médicos, enfermeros o camas en los hospitales por cada mil habitantes, listas de espera o valoración de los ciudadanos.
Así, en el extremo opuesto de esta clasificación se encuentran Madrid, Murcia, Canarias y, en el último lugar, Comunidad Valenciana, a las que se les atribuyen unos servicios sanitarios "deficientes".
Las comunidades con mejores servicios, tales como Asturias, Navarra o País Vasco, han recibido una valoración de su sanidad pública muy alta por parte de sus ciudadanos y cuentan para 2008 con un gasto sanitario superior a los 1.350 euros por habitante. Esta mejora ha ido aumentando en los últimos años con la transferencia de la gestión sanitario a cada región, algo muy valorado en algunas de ellas como Navarra, donde más del 65 por ciento consideran que esta decisión ha mejorado la situación.
En el caso de Andalucía, la satisfacción de sus ciudadanos radica en la reducción del tiempo de espera para ser atendidos por vez primera por un especialista. Además, y según manifestó hoy el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, el gobierno autonómico también "se ha esforzado por mantener un buen control del gasto farmacéutico".
Otras servicios sanitarios autonómicos que, tras este informe, se consideran como "aceptables" son los de Cataluña (líder en número de camas por habitante, 4,54 por cada mil); Aragón y Castilla y León (primera y segunda comunidad donde los ciudadanos más apuestan por la sanidad pública, un 69 y 68 por ciento en cada una); Castilla-La Mancha (región con más médicos y enfermeros por cada mil habitantes, 4,60 y 5,60 respectivamente); y Extremadura (con el mayor gasto sanitario per cápita para 2008, un total de 1.658 euros por habitante).
En cualquier caso, Sánchez-Bayle destacó que estos datos evidencian la "desigualdad excesiva" entre unas comunidades y otras que, de seguir así, puede "poner en peligro" la equidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
EN LA COLA, LAS CCAA GOBERNADAS POR EL PP
Reflejo de esta desigualdad, explicó este experto, resulta "llamativo y preocupante" que en los últimos 5 años hay cuatro comunidades que siempre se han mantenido como las peor valoradas, las últimas en el informe de este año ya citadas, y que mantienen en común el hecho de estar gobernadas en solitario o en coalición por el Partido Popular.
"Esto demuestra que para el PP la sanidad pública no es una prioridad y tienden a aplicar políticas privatizadoras muy agresivas", aseveró Sánchez-Bayle. Entre ellas, destacó el caso de la Comunidad de Madrid, que antes de la transferencia de competencias era una de las comunidades con mejores servicios y que, en los últimos años, "se ha dejado llevar por sus intereses privatizando la asistencia sanitaria y bajando su gasto sanitario per cápita".
A pesar de todo, destacó que tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana se mantiene una buena aceptación de la sanidad pública -elegida por el 56 y el 58 por ciento de la población- dado que "los ciudadanos saben a que atenerse y cómo funciona lo público y lo privado".
SOLUCIONES
Como principales soluciones, la presidenta de la FADSP, Carmen Ortiz, no considera que el Estado tenga que recuperar algunas de las competencias transferidas, tal y como han pedido algunos colectivos. En lugar de ello, desde esta entidad consideran que una solución podría ser establecer una financiación finalista en determinadas actuaciones.
Según explicó Sánchez-Bayle, con las políticas para combatir el tabaquismo ya se establecieron una serie de condiciones para determinados objetivos, dejando sin financiación a aquellas comunidades autónomas que no aplicaron las políticas aprobadas por Ley. "El problema viene cuando se utiliza la escusa de la Sanidad para invertir y financiar otras iniciativas", concluyó.